Este jueves, a puerta cerrada y bajo el argumento del “debido proceso”, los diputados de la 65 Legislatura decidirán si el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y el diputado local de Morena, Genaro García Castro, pueden ser investigados por el arrendamiento opaco de 126 patrullas. Se trata de un proceso de desafuero que, aunque muchos lo minimicen, tiene un profundo eco en la salud democrática de Sinaloa.

Sí, la sesión será secreta. Y sí, esto puede parecer, para el ojo crítico, una jugada a media luz. Pero Rodolfo Valenzuela, presidente de la Comisión Instructora y encargada de llevar el caso en el Poder Legislativo, asegura que no hay nada turbio, que todo se hace por respeto al procedimiento. Démosle, por ahora, el beneficio de la duda. Lo que no podemos regalarle, a él ni a nadie, es el silencio ciudadano ante lo que está en juego.

Porque no es menor lo que está en la mesa: se trata de una prueba de fuego para el Congreso. Aquí no se juzga culpabilidad, pero sí se mide el compromiso institucional con la transparencia. El fuero no puede seguir siendo una coraza para escabullir la rendición de cuentas. Y ojo: permitir que un funcionario sea investigado no es linchamiento político; es fortalecer el Estado de Derecho.

El caso Ahome ya huele mal desde hace meses. El contrato por más de 126 unidades para Seguridad Pública, firmado en 2021 por un monto superior a los 170 millones de pesos, despertó sospechas desde hace tiempo. Si quienes firmaron están seguros de su actuar, no deberían temerle al proceso. Es más: deberían exigirlo para limpiar su nombre.

Pero si el Congreso decide protegerlos, el mensaje será claro: el fuero sigue siendo la licencia para evadir responsabilidades. Y esa sería una derrota moral que Sinaloa no puede permitirse.

Este jueves no solo se vota un dictamen. Se vota la congruencia. Se vota la voluntad de abrirle paso a la justicia —aunque incomode. Porque cuando el fuero se usa como escondite, lo que queda desprotegido es la dignidad pública.

¿Por qué la tardanza en iniciar el proceso, y por qué la prisa en concluirlo ahora?

La pregunta es inevitable: ¿por qué la espera? ¿Por qué no se inició el proceso desde que surgieron las primeras evidencias de irregularidades? La demora en tomar cartas en el asunto parece estar más ligada a intereses políticos que a una verdadera búsqueda de justicia. En particular, Gerardo Vargas Landeros, considerado como uno de los posibles aspirantes a la gubernatura de Sinaloa, podría haber sido un factor clave en el retraso del proceso y, ahora, la misma razón para acelerarlo.

Ahora, cuando el panorama político está tomando forma para las próximas elecciones, el Congreso se apresura a resolver el desafuero, convocando a una sesión secreta para votar en cuestión de horas. Este giro tan abrupto genera sospechas: la rapidez con que se está manejando el proceso contrasta drásticamente con la pasividad mostrada durante los años previos. Es posible que detrás de esta aceleración se encuentren reacomodos políticos, donde algunas figuras buscan asegurar que Vargas Landeros no se interponga en sus proyectos para la gubernatura. La prisa por avanzar con el desafuero podría ser parte de una estrategia para despejar el camino hacia las elecciones, eliminando posibles competidores en un juego político cada vez más complejo.