Uno de los retos que enfrenta esta estrategia es evitar la construcción en zonas de alto riesgo, como aquellas propensas a inundaciones, comentó
Durante el actual sexenio, Sinaloa contará con un total de 29 mil viviendas del bienestar, un programa que busca reducir el rezago habitacional y garantizar el acceso a una casa digna para las familias más vulnerables, para este 2025, se han proyectado 605 viviendas en los municipios de Ahome y Culiacán, las cuales estarán enfocadas en atender a sectores de bajos recursos con opciones de financiamiento accesibles, dijo especialista de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (FEIyPP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La maestra en ciencias Yessika Mariana Cebreros Millán, dio a conocer que la estrategia será realizada a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Además, explicó que aún no se han publicado los detalles específicos sobre la distribución de las viviendas en Sinaloa, aunque se han identificado algunas zonas urbanizadas donde podrían ubicarse, entre ellas, mencionó terrenos cercanos a fraccionamientos como La Conquista, Villas del Río y San Fermín en Culiacán. Asimismo, destacó la importancia de que estos proyectos cumplan con los estándares de seguridad y accesibilidad establecidos por organismos internacionales como la ONU.
Uno de los retos que enfrenta esta estrategia es evitar la construcción en zonas de alto riesgo, como aquellas propensas a inundaciones, comentó. Cebreros Millán subrayó que es fundamental que los terrenos sean adecuados y que se garantice la calidad de las viviendas.
A pesar de que el programa representa un avance en la reducción del déficit habitacional, Yessika Mariana Cebreros Millán enfatizó que las 29 mil viviendas proyectadas para Sinaloa aún son insuficientes frente a la demanda estatal, que supera las 450 mil casas. No obstante, confió en que se sigan impulsando políticas públicas que prioricen la vivienda de interés social y que exista una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para asegurar su correcta implementación.
