En la elección judicial del 1 de junio, a la que están llamados un récord de 99.7 millones de votantes, permitirá a 3,422 ciudadanos competir en unos comicios por uno de los 881 cargos.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, explicó este martes que será el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y no la autoridad electoral, los que resuelvan si algún candidato a la elección judicial del 1 de junio no cumple requisito de elegibilidad, entre ellos el de probidad.

Horas antes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las citadas elecciones se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes y pidió al INE retirar esas candidaturas.

“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad […] Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado, o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones”

“Aquí tendremos que hacer más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma“, dijo por su parte Taddei en una conferencia de prensa.

Asimismo, informó que será el Senado el encargado de revisar en última instancia los perfiles de candidatos y candidatas, por lo que se les entregará un listado de antecedentes delictivos en caso de contar con ellos.

Según detalló, el Consejo General del INE aún se encuentra pendiente a realizar la aprobación del acuerdo para determinar si los perfiles de los aspirantes cuentan o no con sentencias penales de algunos tipo.

Explicó que la reforma “establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al INE”.

Lo que sigue es, apuntó Taddei, una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma “debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral”, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (PJF), “para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad“.

‘Es el momento de retirar candidaturas’: Fernández Noroña
Fernández Noroña aceptó que los Poderes Legislativo y Judicial fueron los responsables hacer esa revisión “y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo”.

“Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas […] deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral”, dijo.

Ante ello, la presidenta del INE, señaló: “pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera”.

“Entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma, que le toca al Senado de la República ser receptor de alguna situación que se presentará una vez concluida la jornada, los cómputos y que tengamos los resultados”, finalizó Taddei.

En la elección judicial del 1 de junio, a la que están llamados un récord de 99.7 millones de votantes, permitirá a 3,422 ciudadanos competir en unos comicios por uno de los 881 cargos en juzgados, tribunales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las campañas para la elección están en marcha, durarán 60 días hasta el 28 de mayo, en medio de alertas de la oposición, de organismos internacionales, de actuales jueces y de asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.