Cuando la violencia arrebata la vida de nuestros niños, cuando sus nombres dejan de ser llamados en casa para convertirse en estadísticas, cuando los restos humanos aparecen a la vista de todos, no estamos ante hechos aislados. Estamos ante un escenario de terror deliberado, diseñado para sembrar miedo y someter a la sociedad.

La noticia de la captura de los responsables del asesinato de Gael y Alexander debería haber significado un paso hacia la justicia, un respiro en medio de la ola de violencia que azota a Sinaloa. Pero el homicidio de Danna Sofía, una niña de apenas 12 años, nos recordó de la peor manera que aquí la violencia no da tregua. Su asesinato opacó cualquier intento de consuelo. ¿De qué sirve la detención de unos homicidas cuando, al mismo tiempo, otra familia está llorando la pérdida de su hija?

Sinaloa se ha convertido en un lugar donde la niñez ya no es sinónimo de inocencia, sino de vulnerabilidad. La violencia, que antes parecía un problema de adultos, ahora ha alcanzado a los más indefensos. Cada vez es más frecuente escuchar noticias de menores asesinados, víctimas de balas que no distinguen edades ni destinos.

Desde que inició esta ola de violencia en el estado, en septiembre del 2024, alrededor de 35 menores de edad han sido asesinados. Treinta y cinco infancias truncadas, treinta y cinco familias rotas, treinta y cinco oportunidades perdidas para construir un futuro mejor. No se trata de una estadística más en la crisis de seguridad. Es la muestra más dolorosa de nuestro fracaso como sociedad para proteger a quienes más lo necesitan.

El mensaje de los criminales es claro: el terror no tiene límites, ni siquiera cuando se trata de la niñez. Y ante esto, ¿qué respuesta estamos dando? ¿Seguimos justificando, minimizando o simplemente acostumbrándonos a vivir entre el miedo y la impunidad?

No podemos seguir normalizando lo inaceptable. No podemos permitir que la violencia siga escribiendo nuestra historia con la sangre de nuestros niños. La exigencia de justicia no es una opción, es una obligación. Porque cuando un país pierde su capacidad de indignarse, cuando deja de proteger a los suyos, está condenado a vivir bajo el yugo del terror.

Cada niño asesinado es una tragedia que debería sacudirnos hasta la médula. Sin embargo, nos estamos acostumbrando a ver sus nombres en los titulares, a escuchar declaraciones vacías de las autoridades y a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero no, no podemos seguir normalizando la muerte de nuestros niños.

La seguridad de la infancia debería ser una prioridad absoluta. No podemos permitir que los niños sean víctimas colaterales de la violencia. No podemos resignarnos a que crecer en Sinaloa implique jugarse la vida todos los días.