El Congreso del Estado de Sinaloa ha dado un paso importante al aprobar una reforma constitucional que busca transformar profundamente el Poder Judicial local, alineándolo con las modificaciones federales recientes. Sin duda, la elección directa de jueces y magistrados, junto con la creación de nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, representa un avance hacia una mayor democratización y transparencia en el ámbito judicial. Sin embargo, como con todo cambio de esta magnitud, la reforma presenta retos significativos que deben ser cuidadosamente gestionados.
Uno de los principales logros de esta reforma es la elección directa y secreta de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía, un cambio que, en teoría, fortalece la participación popular en un ámbito clave para el funcionamiento del Estado: la justicia. Este tipo de mecanismos de elección busca garantizar que los titulares del Poder Judicial tengan un vínculo directo con la población, lo que enriquece la rendición de cuentas y la legitimidad del sistema judicial.
Sin embargo, la democratización del Poder Judicial plantea inquietudes sobre la posible politización del proceso. Si bien se establece que los partidos políticos no podrán intervenir en el financiamiento o proselitismo durante las campañas de los aspirantes, la preocupación sobre el influjo de intereses políticos y económicos sigue latente. La neutralidad e independencia del Poder Judicial podrían verse comprometidas si los jueces y magistrados, electos por el voto popular, se sienten presionados a tomar decisiones que respondan a los intereses de ciertos grupos de poder.
Otro aspecto que resalta es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo objetivo es garantizar la independencia y la ética dentro del propio Poder Judicial. Aunque el papel de este tribunal puede ser visto como un avance hacia una mayor autonomía judicial, también plantea interrogantes sobre su funcionamiento y la posibilidad de que se convierta en un órgano vulnerable a la injerencia política, especialmente cuando se contemplan mecanismos de control como la posibilidad de remitir casos al Ministerio Público o solicitar juicios políticos.
Si bien la reforma establece una serie de salvaguardas, como la paridad de género y la creación de comités de evaluación públicos y transparentes, la clave de su éxito dependerá en gran medida de la implementación efectiva de estos mecanismos. La reforma no solo debe ser vista como una mejora técnica en los procedimientos, sino como una transformación cultural dentro del propio sistema judicial. Solo si se garantiza que los jueces y magistrados elegidos estén verdaderamente comprometidos con los principios de imparcialidad, legalidad y ética, podrá cumplirse el objetivo de brindar una justicia efectiva y confiable.
En este sentido, la reforma también refleja un compromiso con la profesionalización del Poder Judicial, al incorporar requisitos como ensayos, cartas de referencia y evaluaciones, lo que podría elevar el nivel de los candidatos y contribuir a la consolidación de un sistema judicial de calidad. No obstante, estos procedimientos deben ser vigilados con rigor para evitar que se conviertan en un mero formalismo sin un impacto real en la calidad de los jueces y magistrados que se elijan.
Finalmente, uno de los aspectos más críticos es el momento de implementación de la reforma. La elección de los nuevos jueces y magistrados se llevará a cabo durante las elecciones estatales ordinarias de 2027, lo que permitirá aprender de la experiencia de otras entidades que ya han adoptado reformas similares. Sin embargo, la transición entre el viejo y el nuevo modelo requerirá tiempo, planeación y, sobre todo, un proceso de difusión y concientización con la ciudadanía para que comprenda la importancia de su participación.
En resumen, la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa representa una oportunidad para mejorar la justicia en la entidad. No obstante, los desafíos que plantea en términos de politización, independencia y eficacia son grandes. Solo con un seguimiento exhaustivo y un compromiso genuino de todos los actores involucrados, esta reforma podrá convertirse en un verdadero instrumento de cambio hacia un sistema judicial más democrático y eficiente.
