Los recursos etiquetados para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres se invierten en programas sociales, principalmente en pensiones y becas, según una investigación del CIEP.

El año 2025 registra el mayor presupuesto aprobado para acciones de igualdad entre mujeres y hombres, con 508,727.4 millones de pesos. Estos recursos consideran el presupuesto federal aprobado más las aportaciones de entidades federativas.

Sin embargo, 53% del gasto se destina a los programas sociales de pensiones, revela un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, A.C.).

Los recursos para la igualdad de género se agrupan en el Anexo XIII, una especie de bolsa de dinero destinada a instituciones y programas que, en teoría, contribuyen a disminuir la desigualdad.

La Secretaría de Bienestar es la dependencia con mayor participación en ese presupuesto. Concentra 55.5% del total. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el IMSS cuentan con 26% y 6%, respectivamente. Otras dependencias también tienen cabida, como Salud, Trabajo y la nueva Secretaría de Ciencias.

De estas secretarías surgen los principales programas que reciben recursos para la igualdad. Solo cinco concentran 77% del total. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores obtiene 50% de la inversión para la igualdad, mientras que la Pensión Mujeres con Bienestar –que se otorga a partir de este año a adultas de 64 años– concentra 3% del total.

Así que, en conjunto, a estos dos programas sociales de pensiones se destina poco más de la mitad (53%) de los recursos para la igualdad de género. Las becas de educación básica y media superior concentran 16% del gasto y el Programa de Vivienda Social, 4%.

Itzel Loredo, especialista del CIEP y autora de la investigación, explica que estas transferencias monetarias no transforman las dinámicas que fomentan la desigualdad, como la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres.

La especialista advierte, además, que existe el riesgo de generar dependencia económica con las transferencias monetarias si éstas no se acompañan de acciones que promuevan la autonomía y el acceso a empleos formales.

“Los apoyos económicos, como pensiones y becas, pueden aliviar carencias económicas inmediatas, pero su alcance es insuficiente para combatir la desigualdad de género de manera estructural”, afirma.

Los programas con más recursos del Anexo XIII tampoco garantizan el acceso a servicios esenciales como salud, educación o de cuidado.

Y, a pesar de que este año se aprueban más recursos a acciones de igualdad, su impacto está limitado por el enfoque del gasto. Otro aspecto relevante es que, aunque la inversión aprobada en este rubro ha crecido desde 2016, generalmente se ejerce menos dinero al final de cada año.

De tal manera que existen avances para disminuir las desigualdades de género, considera la experta. Por ejemplo, las reformas constitucionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, abordar la violencia de género y asegurar la paridad en cargos gubernamentales. O el lanzamiento de una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. También destaca la creación de la Secretaría de las Mujeres, incluso la pensión para adultas menores de 65 años.

Sin embargo, subraya, no hay claridad sobre si los recursos para la igualdad son suficientes para alcanzar su meta o si están enfocados correctamente.

“Por tanto, los apoyos económicos deben formar parte de una estrategia más amplia que contemple la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados y el acceso equitativo al empleo”, plantea.