Posterior a su captura, determinan vincular a proceso a Juan Manuel “N”, junto a cuatro miembros de su célula criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan Manuel “N”, El Drácula, también identificado como Jocksan, y a otras cuatro personas más acusadas de cohecho, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de Distrito, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo vinculara a proceso.
Cabe mencionar que el juzgador dio un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y prisión preventiva justificada, de El Drácula y los otros imputados.
Así detuvieron a El Drácula
El operativo realizado el 28 de diciembre del pasado año, se ejecutó mediante un cateo autorizado por un juez federal. Resultó en el aseguramiento de diversas armas de fuego, cargadores, cartuchos y narcóticos.
Una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) gestionaron labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble que el grupo usaba como base de operaciones.
El Drácula, junto a los otros cuatro individuos, enfrentaron cargos por portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además de cohecho.
La célula delictiva está compuesta por dos mujeres y dos hombres: Juan “N”, Jael “N”, Jesús “N” y Griselda “N”, quienes comparten los delitos realizados por El Drácula.
¿Quién es Juan Manuel “N?
Juan Manuel “N”, El Drácula es el líder de una célula criminal vinculada al Cártel del Pacífico (Sinaloa). Sus labores en el grupo constaban en actividades de narcomenudeo, tráfico de armas y equipo táctico, así como del control de precios y distribución de camarón en Escuinapa.
El Ministerio Público de la Federación presentó pruebas suficientes ante el juez, quien vinculó a los detenidos a proceso y ordenó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, además de la prisión preventiva justificada para los acusados. Este operativo forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para desarticular redes criminales en la región y garantizar la seguridad pública.
