Culiacán, Sinaloa.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Dr. Jesús Madueña Molina, separado temporalmente del cargo por determinación judicial, manifiesta y agradece a la Presidenta de la República Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador, Rubén Rocha Moya, su disposición en privilegiar el diálogo a fin de distenter y solucionar los conflictos dentro de la Máxima Casa de Estudios.

“Expreso mi reconocimiento y gratitud a la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien atendiendo la solicitud de nuestra alma mater giró instrucciones a la Secretaria de Gobernación para que propiciara el diálogo tendiente a identificar medidas alternativas previstas por la Ley para concluir los conflictos judiciales que implican a determinados funcionarios de la institución universitaria, motivando con ello mejores condiciones para su desarrollo” expresó Madueña Molina.

También, manifiesta su reconocimiento y gratitud al Gobernador del Estado Dr. Rubén Rocha Moya, por su disposición para privilegiar la solución de estos conflictos legales, en apego a las disposiciones consagradas en la ley.

Reconoce, además que la pertinencia social de la Universidad supone que esta sea parte de la transformación de la vida pública del país. “La democracia directa se afirma cuando las y los ciudadanos emiten su voto para elegir a sus gobernantes”, dijo y precisó que lo mismo debe ocurrir en la Universidad, ya que la “Autonomía implica que la institución, su destino y quehaceres cotidianos sean determinados por la voluntad de la comunidad universitaria”.

“He llegado a la convicción, coincidiendo con la propia convicción del Gobernador Rubén Rocha Moya, de impulsar la democratización de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para ello, ya en ejercicio pleno de mis funciones de Rector titular, haré todo lo necesario ante la comunidad universitaria a efecto de avanzar en dicha democratización”, expresó.

Agregó que en lo que respecta a las causas penales se tiene perfilada la aplicación de la suspensión condicional del proceso como mecanismo alternativo de solución de controversias previsto por la legislación penal que garantice su conclusión definitiva.