Fue aprobado por los diputados Ambrocio Chávez Chávez, Bernardino Antelo Esper, Víctor Antonio Corrales Burgueño y las diputadas Erika Rubí Martínez Rodríguez y Rita Fierro Reyes, presidente, secretario y vocales de esta Comisión, respectivamente.

Culiacán, Sin. Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad dictamen que atiende la iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, que propone reformar y adicionar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.

Con estas modificaciones se establecen las bases de cálculo y distribución de participaciones federales y estatales a los municipios, incluyendo los de nueva creación, que son Eldorado y Juan José Ríos.

El dictamen fue aprobado por los diputados Ambrocio Chávez Chávez, Bernardino Antelo Esper, Víctor Antonio Corrales Burgueño y las diputadas Erika Rubí Martínez Rodríguez y Rita Fierro Reyes, presidente, secretario y vocales de esta Comisión, respectivamente.

En el dictamen se advierte que actualmente la citada ley no contempla la metodología para el cálculo de los coeficientes para distribuir las participaciones a los municipios en caso de que no se cuente con las cifras de recaudación de agua potable, impuesto predial e ingresos propios.

La base para el cálculo de los coeficientes de distribución a municipios se ve limitada al considerar solamente las cifras de población de los municipios, incluyendo los de nueva creación, datos que proporciona el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Para ello en el dictamen se considera necesaria la adición del Capítulo V, denominado “De Las Participaciones a los Municipios de Nueva Creación” a la referida Ley para incorporar un apartado especial donde se establezcan las bases para el cálculo y distribución de participaciones federales y estatales a los municipios de nueva generación, ante las limitantes señaladas.

Además, se señala que también se busca fortalecer los mecanismos de transparencia en la información de las cifras de recaudación de los gobiernos municipales, los cuales deben ser proporcionados, certificados y validados por la Auditoría Superior del Estado.