El proyecto de modificaciones a siete artículos de la Carta Magna prevé garantizar los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva.

Por unanimidad, con 468 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para garantizar los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva y a vivir una vida libre de violencias, así como para cerrar la brecha salarial por razón de género.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto a los congresos locales para su votación y ratificación.

No obstante, diputadas de Morena y del PAN protagonizaron un ríspido debate con acusaciones mutuas, descalificaciones y adjetivos.

“Yo quiero recordarles que en la época de (Enrique) Peña, de Felipe Calderón, de (Carlos) Salinas de Gortari, era cuando a las mujeres más nos asesinaban, era cuando a las mujeres más les desaparecían y era cuando se defendía a unas cuantas, a las mujeres del poder, como es la ex primera dama, esposa del espurio, traidor de Felipe Calderón. 

“A usted, le guardaron la espalda, a su sobrina cuando se apagaron las vidas de los niños de ABC, no hubo justicia”, acusó la morenista Julieta Kristal Vences.

En respuesta inmediata por alusiones personales, la diputada panista, Margarita Zavala, lamentó la falta de sororidad de Morena y acusó al oficialismo de “manchar” la reforma en materia de igualdad sustantiva.

“De la mano de los gobiernos del PAN llegaron las leyes contra la violencia hacia la mujer. De las manos de los gobiernos del PAN llegaron los programas en favor de las mujeres rurales que ustedes quitaron una y otra vez. De las manos de los gobiernos del PAN llegaron los presupuestos etiquetados. 

“De la mano de los gobiernos del PAN llegaron las fiscalías especiales. Ahora, echan a la calle a las juezas, a las magistradas, violentan a las mujeres que además han salido a protestar”, puntualizó.

De acuerdo con las reformas y adiciones a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución, “el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”.

Establece asimismo que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias y, para ello, el Estado “tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.

La reforma prevé el cierre de las brechas en materia salarial entre mujeres y hombres, al imponer la disposición obligatoria “a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad”.

Asimismo, se plantea elevar a rango constitucional la obligación de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales.

Se establece además el mandato a las entidades federativas para garantizar que sus instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas en investigación de delitos relacionados con violencias de género contra las mujeres.

Se incorpora también la perspectiva de género como principio de actuación de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.