México es uno de los países con más narcotráfico del mundo, pese a esto el gobierno no cuenta con estadísticas que permitan conocer la cantidad de usuarios de drogas y tampoco hace cumplir los requisitos para la rehabilitación

Las regulaciones que obligan a los Centros de Atención a Adicciones a separar a las mujeres de los hombres, contar con apoyo psicológico y psiquiátrico, tratar humana y dignamente a los usuarios de drogas y brindar higiene básica son pasadas por alto “en la mayor parte de los casos”, señala el antropólogo Rubén Diazconti, especialista en salud pública y política de drogas.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no enmendó una omisión del que lo precedió, agrega, ya que no existen estadísticas nacionales sobre el consumo de drogas. Así, pregunta, “cómo podemos ayudar a la sociedad usuaria de drogas, si no hay estadísticas que nos ayuden a entender el fenómeno y por ende cómo actuar”.

Si en este momento alguien pregunta cuántas personas que usan drogas son atendidos por un psicológico o psiquiatra o cuántas se encuentran en los llamados “anexos” que eluden las regulaciones, nadie tiene la respuesta, sostiene el especialista.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del 2023, México es uno de los países del mundo, junto Afganistán y Myanmar, que produce más metanfetaminas y opiáceos sintéticos, como el fentanilo.

Aproximadamente 120 grupos criminales se disputan el mercado de estas drogas a lo largo y ancho de los 32 estados del país, según investigaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Sin estadísticas y con regulaciones ignoradas
Sin contar con la cifra negra desconocida de los establecimientos fuera de norma llamados “fuera de serie”, en la Ciudad de México hay 195 Centros de Atención a Adicciones registrados que cumplen con la normatividad aplicable para la capital, de acuerdo con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones.

Todos estos centros se rigen bajo la bajo la Norma Oficial Mexicana que estipula, entre otras cosas que cada persona debe tener un expediente e historia clínica, que debe solicitar auxiliares de diagnóstico y tratamiento si se necesita, elaborar diagnóstico, pronóstico y un plan de tratamiento y no utilizar procedimientos que atenten contra la integridad física y mental de la o el usuario.

Pese a las reglas de la NOM-028-SSA2-1999, hay “pocos centros que operan así”, dice Diazconti, que cada martes y jueves visita estos lugares en la Ciudad de México.

Casos como el de la “clínica de rehabilitación” Patrulla Espiritual en Tijuana, Baja California, es de acuerdo con Diazconti un ejemplo de la mala aplicación de regulaciones para centros de atención, que usan la religión católica como un vehículo de sanación y al secuestro como una práctica de desintoxicación.

“Levantan a los llamados tazos dorados, que realmente son personas usuarias de drogas, y las meten en una casa. A veces por cansancio y desgaste las familias permiten que eso suceda, ya están cansadas de buscar centros y pagar dinero”, añadió Diazconti.

El mercado de la atención a las adicciones
La razón principal por la que la mayor parte de los centros no cuenta con atención integral para las personas, es la falta de presupuesto, pero no hay límites para aquellos que pueden pagar.

El mayor porcentaje de personas usuarias de drogas pertenece, según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, a estratos sociales precarizados con pocas oportunidades para acceder a un nivel socioeconómico más alto y con estructuras familiares endebles.

Aquellos pocos que acceden a centros de más alto “nivel” donde ofrecen especialistas integrales como psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, sanadores holísticos, terapia ocupacional y más, pagan miles de pesos al día para la atención, según Diazconti.

“Las familias que no tienen el dinero, hacen el gran esfuerzo de pagar centros de hasta 90 mil pesos diarios por tres o cuatro meses. No lo tienen y aun así hacen el esfuerzo”, agregó Rubén.

Diazconti afirmó que los costos por ayudar a las personas usuarias de drogas hacen parecer que sanar es un privilegio y no una necesidad de salud pública. “Esto es un mercado”.