Como la tauromaquia, el periodismo es un estilo de vida pero también de muerte cuando se ejerce en arenas de dictaduras, regímenes antidemocráticos o en México, el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión, según Amnistía Internacional.

El pasado mes de agosto, el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa cumplió 2 años de operaciones, plazo en el que si bien es cierto las agresiones contra estos dos grupos vulnerables han escalado, también es verdad que no aumentó la trágica lista de 28 periodistas y 7 activistas asesinados o desparecidos en la historia contemporánea de Sinaloa. Y no aumentó a pesar de que en este período reporteros, fotógrafos y camarógrafos se jugaron la vida durante la cobertura informativa de 2 jueves negros o culiacanazos y reportaron la violencia que rodeó a la elección presidencial del 2 de junio que costó la vida a por lo menos 34 candidatos o aspirantes a cargos de elección popular.

De agosto de 2022 a julio de 2024, el Instituto otorgó 770 medidas de protección a periodistas y defensores de la entidad, desglosadas en 49 de urgente protección, 369 de protección, 114 de atención y 23 acciones preventivas. Por efecto directo de su actividad profesional, fueron agredidos 60 activistas y 58 periodistas, a un ritmo de 4.9 agresiones mensuales. Los agresores fueron 61 particulares presuntamente vinculados con actividades criminales, 35 particulares, 15 servidores públicos de primer nivel (gobernador, secretarios, etc.), 13 servidores públicos estatales, 6 servidores públicos municipales y 6 servidores públicos armados (policías). El mayor registro ocurrió precisamente en enero de 2023 durante la segunda captura de Ovidio Guzmán y en mayo de 2024 en medio de la violencia electoral.

Las agresiones fueron, en este orden, amenazas; descalificación; sustracción de equipo de trabajo; obstaculización; lesiones; privación de la libertad; censura; daños a inmueble y acoso laboral; amenaza por razón de género; ataque cibernético; violencia digital; y ataque con arma de fuego.

Personal de capacitación del instituto ya recorrió 7 veces el estado, ha elaborado protocolos para la evaluación de riesgos y manuales de autoprotección; dispone de un mapa de riesgo y un censo de usuarios que se actualizan permanentemente; coordina la red de protección en la que participan mecanismos de 11 estados del país y ha desplegado una intensa labor para difundir la Ley de Protección, así como los servicios sociales que presta.

Su directora, Jhenny Judith Bernal Arellano, ha puesto especial atención en reunirse con servidores públicos, particularmente con jefes y agentes policiales estatales y municipales, para informarles que el Artículo 283 Bis y Bis A del Código Penal aplica sanción de seis meses a cuatro años de prisión a quien utilizando violencia evite, obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad de defensores de derechos humanos. Cuando el delito sea cometido por un servidor público, la pena será hasta de 8 años de prisión.

De acuerdo con las proyecciones estadísticas del propio Instituto, las agresiones a periodistas y defensores sinaloenses no tienden a disminuir sino todo lo contrario, pero hoy los periodistas y activistas sinaloenses tienen herramientas de capacitación y protección que pueden reducir los riesgos de la labor más peligrosa en México que del año 2000 a la fecha ha cobrado la vida de 167 periodistas, muchos más que los toreros muertos en faenas suicidas.