Es poco el amor como para que se vaya en celos, dice el sabio refrán que aplica en la simbólica participación de los mexicanos en la vida pública nacional.
La historia contemporánea confirma que son contados los ciudadanos que se dan el tiempo para hacer algo por la ciudad en la que viven. La mayoría prefiere permanecer en su zona de confort y dejar todo el poder de decisión y actuación a los servidores públicos -sus sirvientes en el plano Constitucional- sin detenerse a supervisar ineptitudes, exigir cuentas o a sancionar corruptelas.
Por todos lados escuchamos que el gobierno no puede solo en un montón de cosas de su competencia y absoluta responsabilidad y por esa rendija de incompetencia surge la posibilidad de que los ciudadanos participen en la función pública. Sin embargo, hay varias razones por la que los ciudadanos deciden no participar, pero una principal y razonablemente definitiva: no abundan los que quieran exponer la vida para que el estado de derecho funcione o poner límites al abuso de los poderes constitucionales o fácticos.
Aquí una muestra. Por un inadmisible capricho empresarial, como si se tratara del juego machista de las vencidas entre débiles y musculosos, fue aniquilado de manera brutal y humillante el Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán IAP, integrado por ciudadanos honorables, que aportaban tiempo, dinero y esfuerzo sin más interés que cuidar instalaciones, flora y fauna del Cerro del Crestón que ahora es administrado por la cada vez más poderosa Secretaria de Marina (SeMar).
Con sobrada prepotencia, el almirante Mariel Ancona Infanzón, coordinador de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán (ASIPONA) dijo recientemente en tono de perdona vidas que la SeMar puede hacer lo que le venga en gana en cerros, islas, islotes y planicies que estén dentro de la zona de operación portuaria bajo su resguardo. Y que la dependencia no está para dar concesiones sino para hacer contratos de negocios, así tenga que pasar por la protección del medio ambiente. “No conozco ningún proyecto de protección ecológica del Cerro del Crestón”, dijo con prepotencia y dio carpetazo al asunto.
Ante el avasallamiento del poderoso, la presidenta del Patronato, Raquel Briseño Dueñas, optó por la decorosa retirada, arrió las banderas y entregó su rendición, arrinconada por la inexplicable omisión de las autoridades estatales y municipales que tienen la facultad legal de vigilar la buena salud de este espacio de interés, social, histórico y ambiental.
Briseño Dueñas, reconocida investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM, entregó el 13 de junio anterior un oficio al alcalde Edgar Augusto González Zatarain en el que le recuerda que el 12 de julio de 2018 la Institución de Asistencia Privada (IAP) suscribió un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Mazatlán que le otorgó facultades legales para administrar, modificar, conservar, vigilar y mejorar las instalaciones del Parque, según consta también en el documento del 8 de enero de 2019 en el que el gobierno del estado formalizó la entrega de las obras de rehabilitación.
Con esta responsabilidad, el Patronato inició trámites para que el Cerro del Crestón fuera decretada área natural protegida para evitar lo que finalmente sucedió: concesionar a un particular una superficie de 66 m2 para que construyera una Tirolesa sin que importe afectar al ecosistema, provocar el debilitamiento del suelo de la ladera y generar el peligro de posibles derrumbes que pondrían en riesgo a trabajadores y visitantes.
Briseño Dueñas no espero a que se resolvieran juicios de amparo contra Semarnat que ignoró en el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) -de manera errónea o intencional- que la zona concesionada es hábitat de más de 500 especies de plantas y animales, 35 de ellas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM 059 SEMARNAT-2010) y protegidas por tratados internacionales, omisión que amerita la cancelación de cualquier tipo de permiso o cesión de derechos. Su dimisión encuentra motivo en el rechazo a 20 amparos interpuestos por ambientalistas por parte del juez octavo de distrito y porque el alcalde y regidores del Ayuntamiento de Mazatlán renunciaron a defender el derecho legal de posesión que el gobierno municipal tiene sobre los bienes e instalaciones del Cerro del Crestón.
Es muy lamentable que ciudadanos honorables y comprometidos con la ciudad, como la maestra Raquel Briseño Dueñas, tengan que abandonar la trinchera de la necesaria participación ciudadana aun y cuando las razones social y ambiental están de su lado.
Foto cortesía Son Playas
Era poco el amor y lo desperdiciaron en celos y traiciones…
Saludos cordiales
Mario Martini
