Los mensajes fueron firmados con las siglas IAG, adjudicadas a “Iván Archivaldo Guzmán”, uno de los líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

CULIACÁN, Sin. – La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, confirmó que Ramón Alberto Báez Ochoa es elemento de la policía de investigación de la corporación a su cargo, y que, además, se encuentra en calidad de desaparecido, luego de los mensajes colocados en narcomantas en la capital del estado, en donde lo señalan de ser uno de los cabecillas de un grupo criminal.

Estos mensajes fueron firmados con las siglas IAG, adjudicadas a “Iván Archivaldo Guzmán”, uno de los líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, la fiscal Sara Quiñónez dio a conocer que el elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en calidad de desaparecido, y además, se cuentan con datos que confirman las acusaciones en las narcomantas.

“Lo estamos investigando nosotros como una persona desaparecida, y tenemos algunos datos que pueden confirmar lo que se decía en las mantas, pero nada más hasta ahí, él no ha aparecido, se suspendió el pago, se dio vista al órgano interno de control, eso es lo que hacemos en estos casos, y ningún familiar se ha querido acercar a comunicarnos algo o a darnos alguna declaración”, dijo en entrevista con medios locales.

Las narcomantas fueron colocadas la mañana del lunes 25 de marzo, en respuesta al levantón masivo de 66 personas la madrugada del viernes 22, y de acuerdo a versiones de la misma autoridad, todas tendrían relación de parentesco con los señalados en las narcomantas, entre ellos, Báez Ochoa.

Respecto a la desaparición del agente investigador, Quiñónez Estrada mencionó que se encontraba ausente de sus actividades desde dos días antes de esos eventos, sin embargo, no fue hasta después de colocadas las mantas en que confirmaron su “desaparición”.

Por otra parte, la fiscal señaló que luego del presunto levantón de dos operadores políticos del Partido Sinaloense (PAS), no descartan que sea un “autosecuestro”, tal y como lo planteó el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo a la funcionaria, existen algunas inconsistencias en las declaraciones de Francisco Cerón, una de las víctimas, mientras que, en el caso de Luis Alfonso García, este no ha acudido a declarar.

Ambos operadores fueron privados de su libertad la mañana del sábado 13 de abril y liberados tres días más tarde. Estos hechos derivaron en protestas por parte de los partidos de oposición en contra de Rubén Rocha, sin embargo, tras la ubicación de ambas personas, los reclamos se detuvieron.