Las recientes revelaciones sobre la escandalosa evasión fiscal millonaria de Ricardo Salinas Pliego, blindada por amparos de la Corte, no son más que la punta del iceberg. Un síntoma grotesco de la putrefacta realidad que corroe las entrañas del poder judicial mexicano: un cáncer de corrupción institucionalizado que dinamita los cimientos de la justicia en el país. Una ignominia inaceptable que deja al desnudo cómo el sistema judicial vigente poco o nada tiene que ver con impartir justicia, especialmente para los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.

La percepción ciudadana es abrumadora y muy fundada: los supuestos impartidores de justicia han desvirtuado su misión primordial. La balanza se encuentra crónicamente desnivelada, inclinada de forma oprobiosa hacia los intereses de quienes más tienen, hacia los grandes capitales y poderes fácticos. Procesos irregulares, resoluciones amañadas y conflictos de intereses por puertas giratorias entre los juzgados y los corporativos imperan como práctica cotidiana. Casos escandalosos abundan, criminales salen abruptamente libres gracias al tráfico de influencias y a jugosos sobornos bajo el amparo del poder judicial cooptado.

Mientras tanto, los sectores sociales más frágiles y desprotegidos – mujeres, indígenas, comunidades rurales, familias en pobreza – ven día a día cómo se les niegan sus derechos fundamentales debido a la desidia, prepotencia y corrupción imperante. Miles de mexicanos padecen injusticias atroces sin obtener resoluciones apegadas a derecho. La escalofriante cifra de decenas de miles de desaparecidos es una cruda muestra de la negligencia criminal con la que operan muchas instancias de supuesta procuración e impartición de justicia.

Es urgente revertir esta aberración social instituida. Una renovación profunda e integral del poder judicial mexicano es impostergable e inaplazable. Se requiere mucho más que simples parches o reformas cosméticas, se necesitan cambios estructurales de raíz que lo transformen.

Uno de los pivotes fundamentales debe ser la elección directa, democrática y plenamente transparente de jueces, magistrados y ministros. Basta ya de la repartición discrecional de estos cargos cuasi vitalicios entre cuates, influyentes y allegados a los círculos de poder. La ciudadanía debe tener voz y voto en la selección de quienes ejercerán estas funciones de vital trascendencia. No más credenciales académicas como principal aval, se debe priorizar honestidad a toda prueba, integridad inquebrantable y un verdadero compromiso férreo con causas de interés público y justicia social. A los jueces se les debe poder someter a renovación democrática de mandato periódicamente.

La autonomía plena del poder judicial es otro de los ejes medulares a implementar. Blindarlo a toda costa de las mezquinas injerencias del poder económico y político. Erradicar de una vez por todas la influencia de los grandes capitales nacionales y extranjeros en las resoluciones judiciales. Instalar rigurosos protocolos basados en los más altos estándares para asegurar debido proceso, legalidad irrestricta e imparcialidad en todos los casos sin excepción. Crear órganos ciudadanos de contraloría y rendición de cuentas con plenas facultades para supervisar y sancionar cualquier desviación de la ruta de la probidad y la justicia.

Evaluaciones constantes al desempeño de jueces, magistrados y fiscales con mecanismos de separación expedita para quienes no cumplan cabalmente su función. Premiar la integridad y compromiso social con mejores salarios y prestaciones que alejen tentaciones de codicia y corrupción. Los funcionarios judiciales deben tener remuneraciones dignas, pero también ser sometidos a rigurosos análisis periódicos de su patrimonio para detectar anomalías y enriquecimientos inexplicables.

El poder judicial debe dejar de ser un espacio cerrado y elitista para convertirse en una institución plenamente representativa de los más amplios sectores sociales. Es indispensable abrir las puertas para que mujeres, indígenas, obreros, campesinos, activistas y ciudadanos de a pie puedan acceder y ser partícipes activos en la impartición de justicia. La composición actual de cortes y juzgados dista mucho de reflejar la auténtica pluralidad de la sociedad mexicana.

Necesitamos mirar hacia casos internacionales exitosos que puedan servir de inspiración para una regeneración judicial acorde a los tiempos modernos. Países como Alemania o Dinamarca son ejemplos de sistemas equipados con altos estándares éticos y de profesionalismo en su impartición de justicia. En nuestra región, Uruguay o Costa Rica lideran los esfuerzos por erradicar la corrupción judicial y garantizar autonomía e independencia.

El reto no será sencillo, implicará batallas intensas contra intereses muy arraigados dentro y fuera del propio poder judicial. Pero la alternativa es condenar a México a perpetuar su condición de Estado fallido e injusticia institucionalizada. Un país verdaderamente libre, democrático, próspero y con un auténtico Estado de Derecho no puede existir si no cuenta con jueces honestos a toda prueba y un poder judicial impoluto, autónomo y al servicio del pueblo. Esta es la única vía para desterrar la corrupción sistémica que corroe los cimientos de la nación. Una renovación total que siente las bases para ver impartida justicia, no más simulacros al servicio del poder y el dinero.