Pese a los alarmantes datos de las autoridades de salud sobre las 63 mil muertes anuales que se derivan del tabaquismo, grandes empresas han promovido casi dos mil amparos contra la nueva regulación sobre la exposición de productos de tabaco, apelando al libre mercado.

Hace 27 años, Guadalupe Ponciano Rodríguez comenzó una guerra contra un enemigo formidable. Sus herramientas para combatirlo son la docencia, el activismo y la ciencia. Es una mujer de ideas claras. Está decidida a mejorar la vida de las personas que acuden a pedir su ayuda, algunas ya con un problema irreversible. La primera frase que arroja en la entrevista es: “Necesitamos aire para vivir, sólo eso”. Y es que Guadalupe Ponciano es doctora, especialista en enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Su enemigo, por supuesto, es el tabaco. Cuando alguien le pregunta a qué se dedica, la respuesta es sencilla: “Básicamente dedico mi vida a que la gente deje de fumar”.

Guadalupe decidió dedicar su carrera a enfrentar una droga que, tan sólo en México, cobra 63 mil vidas al año según los datos presentados por la académica y corroborados por Poder con datos de la Secretaría de Salud al año 2021.

Este es un cálculo promedio y refiere a enfermedades que el sector médico relaciona al consumo de esta sustancia. “A veces son más muertes”, explica consternada. Y continúa: “Dependiendo de la suerte, del clima o de las enfermedades. Lo que ocurrió con la pandemia por covid-19 fue atroz, muchas de las vidas pudieron salvarse de no ser por el tabaco (…) muchos fumadores, que desafortunadamente fallecieron con la enfermedad, si no hubieran fumado hubieran podido salvarse, ¿me entiendes? Hay mucha muerte relacionada al tabaco”.

El miedo no es menor. Si se revisan las estimaciones de mortandad entre lo ocurrido con el covid-19 provocado por el virus SarsCov-2 y las muertes por enfermedades asociadas al tabaquismo, los números son similares, por lo menos al final de la pandemia de covid-19, según las mismas cifras oficiales. Durante 2022 las autoridades del Sistema de Salud reportaron 26 mil fallecimientos a causa del SarsCov-2, mientras que durante el mismo periodo (2022) reportan 43 mil 246 muertes a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Es decir, ese año el tabaco superó en muertes a la pandemia por covid-19. El problema es que contra el tabaquismo no hay vacunas y continúa arrebatando vidas, con ayuda muchas veces del aparato del Estado, explica la médica.

“Pasaron casi 13 años estáticos de regulación al tabaco en México. Nadie, ningún órgano o institución pública se atrevía a tocar al gigante de las drogas legales”, afirma la activista y académica de la Facultad de Medicina en Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De cada 10 casos de cáncer de pulmón atendidos en el país, nueve están asociados al consumo de tabaco, revela el gobierno mexicano en su publicidad por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, basado en cifras de 2020. No es de extrañarse que, según los datos recabados por la académica, el sector salud cada año eroga al menos 116 mil millones de pesos atendiendo a derechohabientes que padecen alguna de las cuatro enfermedades señalan que tienen origen en el tabaquismo.

Ante esta realidad, los legisladores realizaron cambios al reglamento de la ley, que no fueron pequeñas sanciones o impuestos extra. Se trataba de una prohibición total para difundir o promocionar el químico, de tal modo que el acto despertó varias quejas de la industria.

Reacciones ante el nuevo reglamento

Según las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en México, publicadas el 16 de diciembre de 2022, quedaron prohibidas las siguientes acciones: la exhibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco mediante cualquier medio de comunicación y difusión, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos del tabaco en puntos de venta.

Esta fue la causa de que empresas como Walmart, Vips y Oxxo tramitaran juicios de amparo. En esos recursos resulta imposible determinar los alegatos que presentaron las empresas contra el decreto presidencial. Sin embargo, según lo explica Maximiliano Cárdenas, coordinador de estrategias jurídicas de Salud Justa MX, quien personalmente asistió a las oficinas de recepción de documentos en los tribunales en 10 de los 32 distritos donde se presentaron estos juicios, en la mayoría se apeló a la presunta pérdida de recursos derivados de las restricciones del decreto presidencial y las reformas al reglamento de la ley que regula el tabaco. La ruta del abogado resulta necesaria dado que, con la información que la SCJN revela en sus portales de transparencia, carece de información fundamental como: nombre o razón social del promovente, argumentación contra el acto reclamado y/o cantidad de sentencias en favor o contra el acto.

“La nicotina tiene características tan interesantes desde el punto de vista farmacológico que la hace ser casi casi, yo diría, como la droga perfecta”, explica Guadalupe Ponciano, agregando que además de lo poderoso del químico, ninguna otra droga ha logrado tanto apoyo de las autoridades –como se puede corroborar con el testimonio de Maximiliano Cárdenas–, lo cual se suma a sus cualidades adictivas casi insuperables. Por ese motivo, explica, su mayor alegría es encontrarse con algún paciente que ha dejado de fumar.

Poder Judicial ampara a empresarios

Cuando Salud Justa MX, organización sin fines de lucro cuyo objetivo es difundir información sobre riesgos sanitarios y enfermedades no transmisibles, emprendió una campaña contra la industria tabacalera, apenas se sabía de un par de casos en que las empresas, ocultando el nombre de su representante legal y la razón social del promovente, impulsaron juicios de amparo contra las restricciones sobre el consumo de tabaco en espacios públicos. Esto cambió tras la llegada de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recién llegado a la Presidencia ya advertía de algunas limitaciones respecto de la venta y consumo de esta sustancia.

Así, el 31 de mayo de 2022, es decir, pasados tres años, el presidente firmó el decreto por el cual se prohibía la circulación y comercialización de cualquier insumo que contuviera nicotina o sistemas similares. El decreto contemplaba también los cigarrillos electrónicos.

En respuesta, la industria tabacalera no se hizo esperar con demandas donde apelaba principalmente al libre comercio. Al principio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó tan sólo seis casos. Sin embargo, tras un análisis realizado por Poder de todos los documentos indexados en el sistema público de consulta, se pudo corroborar que el CJF resguarda 105 expedientes públicos o a los que se puede acceder (CJF, 2024. Gobierno de México, Obligaciones de Transparencia).

Poder consultó a los abogados representantes de la organización Salud Justa MX y su directora, quienes explicaron en exclusiva que realmente se trata de más de dos mil amparos. Sin embargo, el CJF, por alguna razón, no indexa aquellos que se promueven desde tribunales locales.

“Para poder encontrar los amparos realizamos búsqueda juzgado por juzgado, lista por lista, y encontramos mil 733, todos contra el reglamento. También encontramos más, pero fuimos depurando porque había, digamos, amparos que pensamos que eran contra el reglamento, pero en realidad eran contra algún acto sorpresa (…) Hubo particulares, por ejemplo la empresa Walmart, que desde el 16 de enero habían presentado sus amparos, entonces lo que hicimos fue hacer una selección de 10 circuitos judiciales, es decir 10 estados, son en total 32 circuitos judiciales y de esos, logramos esta cantidad”, explica en entrevista exclusiva para Poder Maximiliano Cárdenas, coordinador de estrategias jurídicas de Salud Justa MX.

Es decir, los amparos no están a la vista de todos porque el CJF no ha terminado de indexar todos los documentos en su sitio de transparencia. Y el abogado explica que, de su búsqueda a la fecha, puede haber más. Oxxo, 7-Eleven, Vips y Walmart son algunas de las empresas que se ampararon, pero su información no es pública. Y el motivo por el cual el Poder Judicial les concedió la reserva de datos se debe a una solicitud de conservación. Es decir, las personas físicas o morales que interponen un amparo pueden solicitar la reserva de dichos datos, ocultando así quiénes son las personas que impulsan el tabaquismo.

“Son cerca de 300 casos los que siguen vivos. Ahí el tema es que si la SCJN los atrae, resolverán la constitucionalidad del reglamento, cualquiera de ellos o inclusive todos. Lo que principalmente está impugnando la industria es ‘libertad de comercio’ y que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades”, agrega el abogado.

Infancias en riesgo

Guadalupe Ponciano plantea una de las posibles realidades del por qué se aprueban estos amparos: “Yo quisiera saber ¿por qué se aceptan esos amparos? En que están basados, tú sabes, en cuestiones económicas: los empresarios piensan: ‘Quiero vender y quiero que todo el mundo pueda fumar en mi restaurante porque estoy perdiendo clientes’. Esa es la lógica”. El problema con esta postura, explica la académica, es que también se pone en riesgo a las infancias.

La publicidad que se le da a la industria, los escaparates frente al área de dulces, tienen como objetivo atrapar a nuevos consumidores: aunque no lo realicen explícitamente están dirigidas a menores de edad, comenta la especialista.

“Las empresas como Oxxo ponían cajetillas de cigarros más o menos a la vista de los niños de 10, 12 años, y los colocan junto a dulces, chicles (goma de mascar) o paletitas, y hay estudios en México, Argentina, en varias partes de América Latina, donde se revela que esto promueve que la percepción del riesgo del tabaco se disminuya”, asegura.

En su lucha, Ponciano Rodríguez se encontró con un colectivo que tiene el mismo interés que ella en combatir al gigante del tabaco. El colectivo Salud Justa MX, de la mano de la académica, comenzó una campaña que hace uso de los rostros de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llamar su atención e incitarlos a que atraigan el caso al máximo tribunal.

“Ahora, durante este mes y hasta marzo vamos a impulsar una campaña con este tema (los amparos de la industria tabacalera); usaremos los rostros de los ministros invitándolos a fallar a favor del pueblo y no de la industria, porque igual, sabes que hablar del tema de amparos es complicado. Entonces nosotros nos dirigimos a los ministros porque lo que queremos es que ellos volteen a vernos”, comenta Yahaira Ochoa, coordinadora de Comunicación de Salud Justa MX.

Pese a los esfuerzos realizados, el antecedente no es favorable: en el país existen casi dos mil abogados dispuestos a continuar apoyando a la industria tabacalera, también algunos jueces ya otorgaron una suspensión parcial del reglamento impulsado por el Ejecutivo, y en general la industria del tabaco ha logrado interferir en la toma de decisiones públicas. El único acuerdo entre quienes encabezan esta causa es que detrás de esta política, que califican como “criminal”, hay dinero. “Tú lo sabes. Hay mucho dinero, de verdad, hay mucho”, concluye la investigadora.