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Legislativo y Ejecutivo le entran con firmeza al combate a la corrupción: Gloria Himelda Félix

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Explicó las recientes reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa para combatir la corrupción y aplicar sanciones más severas a funcionarios públicos que incurran en este delito.

Culiacán, Sin.- Entre los poderes Legislativo y Ejecutivo hay acompañamiento y coordinación para entrarle con firmeza, en sus respectivos ámbitos, y cerrarle el paso a la corrupción, y que además la sociedad perciba que hay transparencia y un uso correcto de los recursos públicos, aseguró la diputada Gloria Himelda Félix Niebla.

Quien forma parte como secretaria de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, explicó, en entrevista durante el programa “El Congreso Informa“, transmitido en Radio UPES, las recientes reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa para combatir la corrupción y aplicar sanciones más severas a funcionarios públicos que incurran en este delito.

Estas reformas, dijo, responden al imperativo que tiene el Congreso del Estado de Sinaloa de dotar de las herramientas normativas a las autoridades investigadoras, sobre todo aquellas que están de manera permanente atendiendo y conociendo de denuncias en materia de actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.

Entre los cambios aprobados por unanimidad por diputadas y diputados, expuso que se estableció un título que se denomina Decomiso de instrumentos objetos y productos del delito, se creó otro capítulo de delitos por hechos de corrupción y uno más que se denomina Ejercicio ilícito del servicio público, entre otros.

También, añadió, se establecieron previsiones para el uso ilícito de las atribuciones y facultades de los servidores públicos cuando se extralimitan en sus competencias sin facultades.

De igual manera, dijo, se perfeccionaron los delitos de peculado y cohecho para que se establezcan supuestos para llegar realmente a investigaciones consolidadas y que arrojen resultados positivos en el combate a la corrupción.

La diputada Gloria Himelda Félix resaltó que con las reformas se establecen penalidades diferenciadas para quienes cometen actos de corrupción.

En el abuso de autoridad, expuso, se establecen desde uno hasta ocho años y la autoridad podrá agravar la pena conforme a los actos, es decir cuando el monto de lo fraudeado o el monto de lo que se hizo mal uso no acceda a tales o cuales Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por ejemplo, expuso, en el artículo 303, denominado delitos de coalición de servidores públicos, que es el que se lleva a cabo cuando se tiene un grupo de servidores públicos que se ponen de acuerdo o se coaligan para tomar medidas y no cumplir con lo que les está mandatado, la prisión será de siete años.

Añadió que en el delito de peculado ahora todos aquellos servidores públicos que para su beneficio o bien para un tercero, ya sea persona física o moral, distraiga de su objeto dinero valores, bienes inmuebles y que utilice fondos públicos, ahí las penas pueden ir desde tres meses hasta 14 años de prisión, dependiendo de los montos.

En el delito de cohecho, que se aplica para el servidor público que por sí o por interpósita persona reciba dinero, las penas van igual desde tres meses a 14 años de prisión, agregó.

La diputada Gloria Himelda Félix resaltó que hay un delito novedoso, que se llama concusión de servidores públicos, que se refiere a cuando estamos nosotros obligados como ciudadanos a pagar impuestos, a pagar revalidaciones, nos encontramos a servidores públicos que exigen una cantidad extra no prevista en la ley, y la penalidad para este caso va de los tres a los 12 años de prisión.

La pena más gravosa, precisó, es de 20 años de prisión y esto tiene que ver por el monto de lo desviado vía mal uso de los recursos por los servidores públicos.

Con estas reforma, aseguró que ahora las autoridades que tienen la responsabilidad exclusiva de la impartición de justicia, cuentan con supuestos mucho más concretos de cuándo, cómo y qué rutas seguir, qué penas aplicar, porque la graduación de las mismas corresponde al juzgador conforme a la individualización de la pena.

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