Por: MC. Horacio de Jesús Malcampo Moreno
Recientemente tuve la oportunidad de participar en el foro “Democracia, Autonomía y Corrupción”, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como parte de los Diálogos por la Transformación.
En este espacio, se propició un análisis profundo acerca del estado actual de la educación superior en el país, su cobertura, calidad, pertinencia, modelos institucionales y el papel que juega para promover el desarrollo humano e impulsar la democratización en las universidades. Considero imprescindible incrementar la deliberación informada en torno a este tema fundamental para construir un mejor futuro.
Históricamente se ha asumido que la autonomía es un privilegio natural de las universidades. Pero ante las múltiples presiones y contradicciones contemporáneas, es válido preguntarse: ¿autonomía para qué? ¿Cuáles son sus límites, sus contrapesos? Una libertad absoluta puede tornarse irresponsable si no va acompañada de mecanismos de regulación ética interna.
Y es que la tan preciada autonomía universitaria también puede verse doblegada por dinámicas gestionales que, so pretexto de agilizar procesos, terminan imponiendo una lógica corporativa ajena a los fines genuinos de las instituciones académicas.
Así, por ejemplo, modelos de gobiernos universitarios excesivamente verticales y centrados en directivos, vulneran el principio de autogobierno colegiado, limitando la participación real de estudiantes y personal académico en las decisiones estratégicas que impactan sus realidades cotidianas. Se priorizan los indicadores y rankings, por encima de las voces de quienes habitan y dinamizan el día a día universitario.
Del mismo modo, la creciente burocratización de los sistemas y procesos académico-administrativos (desde los absurdos procesos de contrataciones docentes hasta los obstáculos para viabilizar iniciativas estudiantiles), lejos de optimizar recursos, con frecuencia congela valiosas propuestas, inhibe la deliberación democrática y amenaza con constreñir la dinámica pedagógica a un adiestramiento mecanicista orientado a “la respuesta correcta”.
La pérdida interna de autonomía académica y de pensamiento problematizador, se ve aún más agravada cuando -en aras de la autosostenibilidad financiera- se concibe a los estudiantes como “clientes”, como número de matrícula, desdibujando así la esencia de la institución educativa como forjadora de ciudadanía responsable y motor de cambio social. La mística universitaria se desvanece cuando ésta se mimetiza como una fábrica de títulos al mejor postor, descuidando su compromiso con las sociedades que la acogen y de las cuales emana.
Ante este panorama, la defensa de la autonomía ha de empezar por reivindicar el ethos original de la universidad pública, más allá de las amenazas políticas externas. Caso contrario, seguiremos cayendo en el falso dilema entre sometimiento a intereses gubernamentales o al imperio acrítico de una racionalidad tecnoburocrática que, a su modo, configuran serias amenazas a la genuina autonomía universitaria.
Urge imaginar formas de gestión y financiamiento que -sin caer en los extremos de la corrupción política ni del gerencialismo empresarial- potencien un autogobierno universitario centrado en sus comunidades de aprendizaje, con peso real de estudiantes y profesores en las decisiones institucionales, así como con énfasis en la retroalimentación y rendición de cuentas socialmente referenciada. Solo blindando la participación de las bases y reencauzando la brújula hacia la responsabilidad científica y ética, las universidades recuperaremos nuestra mística transformadora.
