¿Qué opina la sociedad sinaloense, respecto a que en los últimos meses se han paralizado, varias veces, las actividades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar manifestaciones?
Ayer y hoy, fuimos testigos de la máxima expresión de protesta que ha realizado la UAS, el hacer lo necesario para impedir la rendición de cuentas del Gobernador, ya que un día previo a la reunión de trabajo de Rubén Rocha Mocha en el Congreso del Estado, los universitarios bloquearon todos los accesos al Palacio Legislativo e incluso se dejó sin circulación vehicular en la zona, lo que obligó a cancelar el evento al no poder garantizar la seguridad de los asistentes.
Desde que el pasado 15 de septiembre, que el rector Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso penal y posteriormente destituido, por una supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas, el personal de la Casa Rosalina ha sido movilizado para realizar diversas protestas que incluyen el acudir a la Fiscalía General del Estado, al menos dos marchas y diversas concentraciones, así como manifestaciones a las afueras del Congreso del Estado.
Simplemente me parece indefendible que se utilice el recurso humano, material y financiero de una institución tan noble, por el solo hecho de defender a personas que son acusadas de corrupción, y que a simple vista recurren a estas acciones para presionar y amagar a las autoridades para que omitan el actuar de la justicia.
Opiniones habrá diversas, pero nunca he escuchado a un universitario, alumno o trabajador, que defienda esta lucha si no es para conservar su empleo, como requisito o para mejorar sus calificaciones, en el caso de los estudiantes. Las redes sociales están plagadas de memes, capturas de conversaciones y otro elementos que demuestras las presiones ejercidas por las autoridades universitarias.
Presupuesto estatal no se le ha quitado la UAS, al contrario se le aportó un extra. Incluso se le apoyó a la institución para el pago de adeudos. ¿Qué se les ha negado? Sin embargo, la situación es que al otorgarle recursos por parte del Gobierno del Estado, es la ASE quien debe auditarlos, hechos al que se negaron y por ende se encuentran abiertos los procesos penales. Simple lógica.
¿Cuánto dinero que debe ser invertido para la educación de los jóvenes de Sinaloa está siendo destinado a organizar estas protestas? ¿De dónde sale?
¿Qué opina la sociedad sinaloense al ver que estas acciones, lejos de abonar al futuro de los jóvenes, perjudica su vida académica? Porque dejarlos sin clases y regarles puntos para apoyar movimientos que sólo benefician a particulares, creo que está lejos de ser una defensa de la autonomía.