Culiacán, Sin. Las diputadas y los diputados de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana presentarán una iniciativa ante el Congreso del Estado de Sinaloa que propone homologar la Constitución y el Código Penal local con la federación para fortalecer el combate a la corrupción, agilizar los procesos e incrementar las penas en los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito que cometan los servidores públicos.

El diputado de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta, vocal de esta comisión, informó que esta iniciativa propone acabar con la incertidumbre y el caos que producen los procedimientos administrativos para impartir justicia y que sirven para que algunos servidores públicos deshonestos se victimicen.

“Con esta iniciativa esperamos acabar con tanto ajetreo y burocracia en los procedimientos”, dijo al subrayar que se iría directo al ámbito penal.

Reconoció que la falta de agilidad y contundencia en el combate a la corrupción genera desaliento en la sociedad, al destacar que la propuesta incluye el tema del desacato como un delito penal y no como un delito administrativo.

“Le damos condiciones más serias y más punibles a las acciones”, apuntó, refiriéndose al caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Ya no queremos que haya esa incertidumbre, queremos ir al grano, y que realmente si un servidor público quiere ser servidor público, pues que ya sepa a qué le va a entrar y ser responsable y que no caiga en esas tentaciones”, advirtió, al señalar que lo más importante es la transparencia y la rendición de cuentas.

“Tú no puedes negarte a rendir cuentas porque lo que administras no es tuyo”, señaló, al advertir que el incremento de las penalidades es para que lo piensen dos veces antes de cometer un delito. “Nos dimos cuenta que teníamos vacíos”.

Sostuvo que existe un gran avance en materia legislativa para combatir la corrupción y con esta propuesta se fortalecerá todavía más al fortalecer el marco legal.

“En las cuentas públicas reducimos mucho el tiempo porque ahora concluye el ejercicio y estamos fiscalizando, además de que ese mismo año se vota o se rechaza la cuenta en el Pleno”, comentó, para reconocer luego el trabajo actual que desempeña la Auditoría Superior del Estado (ASE), el cual ha mejorado sustancialmente y se interponen las denuncias correspondientes.

“Esto es bueno al final de cuentas, porque hay otros servidores públicos que pueden estar cometiendo los mismos delitos de los que han sido ya vinculados a proceso que se pudieran estar frenando ahorita ya”, expuso.

El diputado Marco Antonio Zazueta, también secretario de la Comisión de Fiscalización, afirmó que ha concluido el dictamen que rechaza el informe de cuenta pública del ejercicio 2022 de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Hay una observación sobre montos por recuperar por $466 millones de pesos y no hicieron el intento de una solventación, pero lo grave es que cancelaron las facturas para tratar de quitar el delito que era la compra irregular de tortillas”, dijo.

Detalló que desaparecieron las facturas para ganar tiempo. “Si ya no hay delito que perseguir, de qué me estás acusando, pues si no hay facturas porque se tendría que abrir otra auditoría para ver qué pasó entonces con ese dinero o qué pasó con los proveedores, si reintegraron el dinero a las finanzas de la Universidad”, comentó, al señalar las estrategias de la defensa.

Aclaró que esa información ya se vincula a través de las unidades de inteligencia patrimonial y económica con el SATES y la Fiscalía.

“Yo les digo presuntos ladrones o presuntos rateros porque es la verdad, pero les llaman presuntos responsables, entonces creo que tenemos que dar un giro ya como legislatura para poder garantizar a toda la sociedad sinaloense, penas más altas al servidor público que cometa actos de corrupción”, señaló, al destacar que la iniciativa propone que el proceso se vaya directamente a la vía penal para tener respuestas más rápidas en el tema de la corrupción.

El legislador aseveró que espera que se concluya pronto el tema de los amparos interpuestos por algunas autoridades de la UAS puesto que no les asiste la razón.

Anticipó que una tarea próxima es la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa con una consulta que cumpla con esa deuda con la sociedad y la propia comunidad universitaria, al ser una institución patrimonio de todos los sinaloenses.