La orden de aprehensión no se da por el hecho de que estén investigando, sino que por no comparecer a los Juzgados, algo que todo el Comité de Compras, el Rector, y el ex Rector, con la cara en alto, han comparecido a todas las citaciones que han hecho los jueces en materia penal.

Culiacán, Sin.- Tras publicaciones donde se tergiversa la información sobre los amparos promovidos por el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, y miembros del Comité de Compras y Adquisiciones, el abogado Milton Ayala aclaró que al no haber una orden de aprehensión en contra de los implicados, el Juez dio por terminado el asunto, pero eso no los deja desprotegidos ante una posible aprehensión, ya que de ser necesario se puede volver a promover dicho amparo.

“Al no existir orden de aprehensión el Juez dio por terminado el asunto. No es que queden desprotegidos, en materia penal tratándose de orden de aprehensión, cuando se conoce de una posible orden de aprehensión, en ese momento te puedes volver a amparar pero ahorita el Juez porque así se lo informaron las autoridades responsables; la Fiscalía y los Juzgados, que decían que no había una orden en contra del Rector ni el comité de compras, y por lo tanto, el asunto terminó”, explicó.

Señaló que la orden de aprehensión no se da por el hecho de que estén investigando, sino que por no comparecer a los Juzgados, algo que todo el Comité de Compras, el Rector, y el ex Rector, con la cara en alto, han comparecido a todas las citaciones que han hecho los jueces en materia penal.

De igual manera, el doctor Robespierre Lizárraga Otero, Secretario General de la UAS, declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE), se ha reducido a un instrumento de persecución política por parte del Gobernador, Rubén Rocha Moya, ya que a partir del posicionamiento contra la publicación de la Ley General de Educación Superior del Estado, la ASE comenzó esta persecución por instrucciones del Gobierno.

“Esto refleja la crisis institucional que se vive en Sinaloa, en donde el Gobierno del Estado se dice como gobierno absolutista que controla todo menos la Universidad, porque su política de garrote, su política del abuso y del hecho consumado ha tenido éxito hasta que se topó con la Universidad y su comunidad”, mencionó.

Indicó que son infundadas las declaraciones de la auditora estatal, Emma Guadalupe Félix Rivera, por presunto daño al erario público, ya que al no contar con la facultad de auditar a la UAS, no cuenta con los datos para llegar a tal conclusión, también dijo que no existe daño patrimonial ya que los recursos ya fueron auditados por un órgano externo reconocido por el Gobierno Federal.

“Nos notifica una cédula de resultados preliminares que englobó en 466 millones, ¿cómo llegan a esa cifra?, se meten al portal de transparencia de la Universidad, en donde reporta los flujos en efectivo de los ingresos propios y ahí se dan cuenta de ese número, y sin haber revisado ningún papel, porque no pueden hacerlo porque no están facultados por Ley, se determinan a acusar a la Universidad de que todo lo que se generó por ingreso propios en 2022 se lo robaron”, destacó.

Expresó que en un oficio de fecha 22 de septiembre que llega a la Dirección de Asuntos Jurídicos, se determina qué hay otra información que se requiere hacer llegar, so pena a que en 10 días hábiles que no se entregue esa información se procederá no sólo con el inicio de un proceso administrativo, sino con lo que buscan, fabricar otro delito para denunciar en la Fiscalía General del Estado.

“Todo esto es una estrategia mediática para denostar a la Universidad y a su comunidad ante la opinión pública, ese es el único objetivo porque jurídicamente los planteamientos que nos hacen son inviables”, comentó.

De igual manera, Robespierre Lizárraga informó que la tarde de este 26 de septiembre, se le notificó que fue resuelto como no procedente el recurso de incompetencia planteado contra el Juez de Control, Adán Agusto Salazar Gastélum, resultado que ya tenían previsto por la falta de autonomía de las instituciones de gobierno estatal.