Por 254 votos a favor y 209 en contra, Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la desaparición de Financiera Rural

Ciudad de México. La mayoría de Morena y sus aliados concretaron la iniciativa presidencial que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica.

El dictamen, enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, fue aprobado con 254 votos de representantes de Morena, PT y PVEM, mientras la oposición sumó 209 en contra.

El argumento de la mayoría es que el este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”, de acuerdo con las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya (PT)

Según el legislador petista, los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.

Ejemplificó Robles Montoya que “10 de sus clientes concentran el 50 por ciento del total de la cartera vencida”. Y que, en el 2021, “colocaron un total de 48 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil 500 se los pasaron a los intermediarios ¡Vaya negocio!”

Por Morena, la diputada Paola Tenorio Adame sostuvo que la Financiera presenta un grave desequilibrio financiero y una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos porque en su administración faltó eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, por lo que su extinción resultaba necesaria. “Los créditos no eran para impulsar el desarrollo agrario, sino para el compadre, el amigo y el aliado, a cambio de una cuota”, resumió.

Elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo y Conservación Rural, y de Ganadería, el dictamen experimentó sólo un cambio, a propuesta del jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier Velazco, para que se aclarara que las personas trabajadoras jubiladas y pensionadas del Sistema Rural continuarán a cargo del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, operado por el instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no afectarán los derechos adquiridos por la entrada en vigor del presente decreto.

La extinción y liquidación quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habrá de realizarse en un plazo de 180 días, una vez que entre en vigor el decreto.

Se precisa que ese proceso estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; además, suscribir u otorgar títulos de crédito, y realizar cualquier acción que coadyuve a una eficiente liquidación.

Se asegura en el dictamen que los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluidas las indemnizaciones correspondientes de la Financiera, serán respetados íntegramente.

La oposición cuestionó el hecho de que la propuesta haya salido adelante violentando el proceso legislativo, sin estudios que sustentaran la extinción del organismo y sin apego a la técnica legislativa.

En el debate hubo cuestionamientos. El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (MC) dijo: “No les interesa el campo, solo crear programas electoreros”.

En representación del PAN, el diputado Salvador Alcántar Ortega criticó la falta de cobranza anual que se dio en el actual sexenio, porque mientras en 2017 era del 95.9 por ciento en 2021 fue de 89.3 por ciento.

“Hasta que comenzó el gobierno actual, la Financiera mostraba números negros y resultados positivos en el financiamiento a los productores del campo y esto se puede ver en la iniciativa misma que contiene una gráfica que demuestra la ineficiencia para gobernar del actual mandatario”, señaló el panista.

Por su parte, el diputado del PRI y ex dirigente del sector campesino de ese partido Augusto Gómez Villanueva señaló que el decreto no especifica de qué manera, después de la extinción, se va a realizar la administración del recurso público dirigido al sector agropecuario, rural, forestal y pesquero, “y mucho menos, de qué manera las entregarán directamente a las personas beneficiadas”.

Rechazó el decano legislador que se trate de un organismo atrofiado e incapaz, como se describe en la exposición de motivos.

“No es la institución la que presenta problemas de funcionamiento. El problema es y son las personas que la dirigen, la administran y que toman las decisiones y las estrategias que se implementan a nivel nacional actualmente”, expuso Gómez Villanueva.

Recordó el priista la Financiera cuenta con una instancia que integraban representantes de secretarías federales y de productores. “¿Cómo es posible que estemos enjuiciando en este momento al pasado, cuando existe ese consejo que pudo haber tomado las medidas desde hace 4 años que ahora se están criticando?”, recriminó.

“¿Quién es entonces el responsable de que la Financiera se encuentre en la situación actual? ¿fue las anteriores administraciones o es la actual administración?”, insistió.

Y reiteró su advertencia de que esta desaparición pondrá “a los campesinos en manos de los traficantes de drogas en el campo”.