Una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura y desaparición forzada.

Ciudad de México.- Yazmín Eréndira Ruíz, Jueza de Distrito en la Ciudad de México, suspendió este miércoles el auto de vinculación a proceso contra Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, por el caso Ayotzinapa.

La decisión no significa la libertad inmediata de Murillo Karam, quien es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tortura; contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Ahora, el juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte, quien vinculó a proceso a Murillo Karam, debe suspender el proceso penal que inició en su contra y reiniciarlo hasta que se resuelva el juicio de amparo radiciado en el expediente 771/2022.

Por ahora, la Jueza Ruíz, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, no ha publicado en los estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación los detalles de su sentencia, lo cual podría ocurrir hasta el jueves.

Lo que sí publicó es una resolución en la que notificó que conoció de este caso por cuestión de turno, pero solicitó que el caso sea atraído por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Jesús Murillo Karam se queja en este amparo de una ilegal detención, la calificación de ésta por parte de Juez, la incomunicación de que adujo era objeto, así como la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución.

También se quejó de la resolución de plazo constitucional dictada el 24 de agosto pasado, en la continuación de la audiencia inicial celebrada en la causa penal 307/2022, a través de la cual se determinó su vinculación a proceso.

Según la FGR Murillo Karam es el responsable de la llamada “Verdad Histórica”, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero.

Con base en ello, según la FGR, el ex procurador consintió, de forma premeditada, la manipulación y alteración de evidencias, y el desvío de líneas de investigación para ocultar la verdad del caso y la localización de los 43 normalistas.