En lo que de 2022 se han registrado 2 mil 115 homicidios dolosos en Guanajuato, sin que hasta el momento exista una sólida estrategia de seguridad.

Ciudad de México.- Guanajuato ‘arde’ en una ola de violencia imparable, producto de una guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una confederación integrada por el Cártel de Sinaloa, el Cártel Santa Rosa de Lima, la Unión de León y Los Viagras.

La normalización de la violencia en la entidad en el discurso de las autoridades permite que escenarios graves, como el asesinato de 10 personas en el bar ‘El Jarras’, en Tarimoro, quede como un suceso más, contribuyente a las catastróficas cifras en materia de seguridad: dos mil 115 asesinatos tan solo en lo que va del 2022.

“El incremento de la violencia en las últimas semanas se debe a un intento de los enemigos del Cártel Jalisco de recuperar algunas posiciones que perdieron. Hay una confederación, una alianza conformada por la ‘Unión de León’, un grupo local, el Cártel de Sinaloa, tropas del ‘Mayo’ Zambada, el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyos integrantes siguen fieles a José Antonio Yépez, alias ‘El Marro’ y ‘Los Viagras’, refiere David Saucedo, especialista en seguridad pública, en entrevista con El Financiero.

Sumado al desastroso desempeño del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien lleva trece años en el mismo cargo sin dar resultados certeros, hay alertas sobre la presunta colusión de autoridades federales y estatales con los grupos criminales.

“Hemos detectado que ciertos mandos de la Guardia Nacional colaboran con el Cártel Jalisco. A nivel estatal las fiscalías durante mucho tiempo trabajaron de la mano con carteles locales, están inclinados con el Cártel Jalisco”, refiere Saucedo.

El presunto favoritismo hacia del CJNG puede leerse en los ataques perpetrados por parte del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima hacia figuras de poder y sus familiares, como el asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, ejecutado el pasado 17 de agosto en dicho municipio.

“Ha habido una embestida por parte del Cártel de Santa Rosa y de Sinaloa en contra de autoridades locales (…) perciben que las autoridades de Guanajuato y que comandantes de la Guardia Nacional están coludidos con el CJNG”.

Detención de ‘El Coco’, posible chivo expiatorio
La Fiscalía General de Guanajuato presumió la captura de Ricardo “N” alias “El Coco y/o “El Tito”, señalado como el responsable de una serie de masacres registradas en Irapuato, Silao y Romita entre el 13 y el 17 de septiembre, sin embargo, este tipo de detenciones, no responden a una estrategia de seguridad sólida, incluso, podría tratarse de simple propaganda gubernamental.

“Este sujeto (’El Coco’) no figura en ningún registro documental, no es de alto perfil, no figura ni siquiera en el mundo criminal. Puede tratarse de un chivo expiatorio, dudo que haya tenido relación con esas masacres, pues no se trata ni de un jefe regional, jefe de plaza. Se trata de alguien muy abajo en la base de la pirámide criminal. Esta detención se hace con fines propagandísticos, con el objetivo de mostrar eficacia”, señala el especialista a este medio.

Estrategia de seguridad en Guanajuato, sin ‘ni pies, ni cabeza’
“La Guardia Nacional se comporta como si estuviera combatiendo a otro Ejército, pero el narco no es un ejército regular, es un ejército guerrillero: está conformado por células que salen, atacan, se repliegan, se dispersan en una zona. Cuentan con mandos autónomos en distintas regiones del país, respaldo y complicidad de autoridades locales. Al narco no se le combate masivamente, se le combate celularmente”, señala el especialista.

El presidente López Obrador concentra su discurso en criticar el actuar de los gobiernos panistas, pero no brinda una respuesta certera en materia discursiva, ni operativa.

“La narrativa del presidente es responsabilizar a las autoridades locales, a los gobiernos del PAN (…) pero las autoridades, la Guardia Nacional, la FGR, el grupo élite de la Marina tampoco ha tenido un desempeño brillante, hay un penoso actuar entre gobierno federal y estatal responsabilizándose de errores”, puntualizó Saucedo.