La Fiscalía capitalina informó que “cuando se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas”

Ciudad de México. Luego de 10 días de estar suspendida como alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas logró un acuerdo reparatorio con los policías auxiliares que la acusaron de robo calificado, abuso de autoridad y discriminación; deberá ofrecer hoy mismo, antes de las 3:00 de la tarde, una disculpa pública a los uniformados y tomar seis meses de terapia psicológica en manejo de ira y de las emociones.

Además, la alcaldesa de oposición deberá pagarles el costo de un radio de transmisión y un teléfono celular, 30 mil pesos a cada uniformado y abstenerse de molestarlos, así como abstenerse de publicar mensajes en sus redes sociales sobre el proceso.

Así lo anunció el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, quien subrayó que, “cuando se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de alcaldesa”.

Ello quiere decir que Cuevas Nieves podría retomar el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc la tarde de este jueves.

El acuerdo

En un mensaje convocado como “urgente” y en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Lara López explicó que este jueves, la jueza de control Elma Maruri Carballo autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso contra Cuevas Nieves “en estricto apego a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa”.

Explicó que, a solicitud de la defensa de la alcaldesa, aún en suspensión, se hizo una audiencia en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante la cual “la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal como el Ministerio Público lo acreditó, por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular”, de los cuales no se informó el costo.

El vocero del FGJ local agregó que, por el delito de abuso de autoridad, “se autorizó la suspensión condicional del proceso, lo que implica que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá este mismo día, antes de las tres de la tarde, ofrecer a los mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) una disculpa de conocimiento público por su conducta, así como por los actos que agraviaron sus derechos y su investidura”.

Además, dijo que la también activista social deberá someterse durante seis meses a tratamiento psicológico y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas. Las terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones”.

De la misma forma, añadió el funcionario, Sandra Cuevas deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación u opinión, por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, las instituciones y los mandos policiacos durante el proceso en que se autoriza la suspensión, con excepción de la disculpa que ofrecerá hoy.

Respecto al Plan de Reparación del Daño, la autoridad ordenó la exhibición del pago de 30 mil pesos a cada una de las víctimas, que se deberá presentar el día lunes 28 de marzo.

El vocero de la FGJ capitalina aclaró que “cuando se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc”.

Por lo que hace a la acusación de discriminación, según el funcionario, los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública.

“Sin implicación política”

Ulises Lara reiteró que en esa institución “no actuamos con otros criterios que sean contrarios a procurar justicia. Es obligación del Ministerio Público atender todas las denuncias recibidas y es responsabilidad de la propia representación social generar la imputación respectiva con base en pruebas e indicios”.

Por ello, añadió, “tajantemente señalamos que no existió ninguna implicación política ni ideológica en este proceso, solamente cumplimos con lo que la Ley nos demanda, que es investigar los delitos”.

De paso, recordó que “todas y todos los servidores públicos tenemos una obligación social, un compromiso con la ciudadanía que es a quien nos debemos. Alejarnos de esos principios es inaceptable. Quienes lo hagan deberán enfrentar las consecuencias de sus actos”.