Ciudad de México. Al presentar el primer informe de avances de la organización de la consulta para la revocación de mandato, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que se harán todos los esfuerzos para que “llegue a buen puerto”.

Sin embargo, advirtió: “este instituto no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente al ejercicio de revocación de mandato, como por ejemplo la credencial de elector; no vamos a poner en riesgo la fiscalización ni el monitoreo de radio y televisión”.

En sesión del Consejo General, sostuvo que el recorte decretado por la Cámara de Diputados generó un “boquete presupuestal de tales dimensiones que el INE promoverá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia y realizará las adecuaciones posibles. Si en algún momento la revocación de mandato está en entredicho, no es responsabilidad del INE, sino de quien tiene la obligación de generar a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto.”

Dos horas después, Morena respondió por conducto de su representante legislativo, Cesar Hernández, quien acusó al INE de asumir un doble discurso: pregonar carencia presupuestal en torno a la revocación de mandato y preservar fideicomisos de los cuales se financian liquidaciones millonarias a la “burocracia dorada” del instituto. Puso de ejemplo la de más de 5 millones de pesos otorgada al ex director de Organización o las de alrededor de 2 millones a cada uno de los ex consejeros electorales.

Hernández rechazó que la Cámara de Diputados le haya quitado recursos al INE, porque “no se pierde lo que no se tiene”. Desacreditó las posturas de los consejeros, que argumentan la carencia de recursos para justificar una eventual cancelación de la consulta para la revocación de mandato. Reiteró que el instituto cuenta con mil 300 millones de pesos en fideicomisos, cuyas reglas de operación le permiten liquidarlos.

Aun cuando dijo que no entraría en polémica sobre el recorte, respecto al cual “estaba en desacuerdo”, Córdova señaló que en su momento se analizarán las adecuaciones presupuestales posibles, pero en tanto, avanza en la organización. No obstante, destacó que se trabajará en una doble ruta: “hoy el instituto está frente a un problema (…) tendremos que emprender recursos legales para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva este diferendo”.

Confió en que ésta determine si eventualmente se puede realizar la revocación con menor número de casillas sin violar la ley (ésta obliga a instalar el mismo número que en una elección federal), o bien “establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes, sea la Cámara de Diputados o la Hacienda Pública, le generen a esta institución los recursos necesarios”.

Precisó que conforme a la legislación, el instituto “no tiene margen para poder pensar en el ejercicio de revocación de mandato con menos casillas de las que corresponde a una elección federal, a menos que queramos violar la ley”.