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lunes, enero 24, 2022

Morena propone cárcel de 3 años a quien sabotee revocación de mandato

Después del desplegado de Sí por México contra la consulta de revocación de mandato, Morena propuso cárcel a quien busque sabotearla.

Ciudad de México.- El senador Salomón Jara, de Morena, presentó una iniciativa para modificar diversas leyes secundarias a fin de sancionar hasta con tres años de cárcel a quien “sabotee” alguna consulta popular o de revocación de mandato.

“Debe quedar claro que (..) cualquier persona puede expresarse a favor o en contra del tema o la materia que se presenta en una consulta popular o de revocación de mandato; pero un asunto distinto es sabotear y atentar abierta y flagrantemente contra un mandato constitucional, saboteando y
buscando inhibir el ejercicio del derecho de las y los mexicanos a participar y votar en procesos democráticos en el sentido que les parezca más conveniente”, se menciona en la iniciativa.

La propuesta que fue presentada la semana pasada por el senador Jara plantea modificaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para sancionar de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quienes “a título propio o por cuenta de terceros, contrate propaganda en radio, televisión, redes sociales y/o cualquier otro medio de comunicación dirigida a deslegitimar los procesos de consulta popular o de revocación de mandato”.

En la exposición de motivos, el legislador oaxaqueño recuerda que en semanas pasadas la organización Sí por México publicó un desplegado para llamara a los ciudadanos a no participar en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con este llamado, la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sabotear nuevamente un ejercicio democrático e inhibir la garantía del derecho constitucional de las y los ciudadanos a organizarse y ser parte de una democracia popular directa y participativa”, explica el morenista.

La iniciativa también propone modificar la Ley de Revocación de Mandato y la Ley Federal de Consulta Popular para establecer que ninguna persona podrá contratar propaganda en radio, televisión y redes sociales o cualquier otra medio de comunicación para influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato y la consulta popular.

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