En Coahuila, los crímenes contra personas LGBT+ no existen, su incorrecta clasificación ha generado una espiral de impunidad que rodea a esta comunidad

La mañana del 10 de enero de 2017 un homicidio en el municipio de Piedras Negras, en el norte de Coahuila, conmocionó a los miembros de la diversidad sexual. Michelle, una mujer trans de 60 años de edad, fue asesinada a golpes.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación. Cuatro años después, la investigación de este caso continúa “en trámite”.

En Coahuila, las personas diverso genéricas pueden casarse, adoptar hijos e incluso cambiar su identidad de género, pero el Estado no las considera como víctimas de crímenes de odio.

El prejuicio dentro de muchas fiscalías es tan grande que invisibiliza sus asesinatos.

“Muchas fiscalías cuando se dan cuenta de una víctima como LGBT desestiman la investigación y se conforman con integrar solo la carpeta, pero no siguen más allá […] porque dicen, ‘bueno, finalmente es una persona LGBT’, y más si es una mujer trans”, dijo Alejandro Brito Lemus, Director General de la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., la cual se especializa en la defensa de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual.

En Coahuila, el Código Penal contempla agravar un homicidio “por preferencia sexual”, pero es casi imposible que esto ocurra y además delimitarlo a este término deja fuera a una parte importante de la comunidad al excluir identidad o expresión de género, real o percibida, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Coahuila aseguraron, mediante diferentes solicitudes de información, que no cuentan con carpetas de investigación abiertas, ni con sentencias por homicidios cometidos contra personas sexo genéricas.

Contrario a esas afirmaciones, la asociación civil San Aelredo tiene un registro de 19 homicidios de este tipo y esta investigación, realizada con el apoyo del Border Hub, logró documentar 12 asesinatos ocurridos en cinco años.

Pero esta cifra parece muy corta. “Tú me hablas nada más de 19 casos y eso de los que nada más conoces. Hay un 93 por ciento de cifra negra”, especifica la Maestra Viridiana Ramiréz Tepepa, perito criminológico.

De los asesinatos que se documentaron para esta investigación, seis siguen “en trámite”, uno se reservó por tratarse de un adolescente. En otro la víctima no fue identificada y en uno más se desconoce su estatus, debido a que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado no respondió la solicitud de información.

En tres de los asesinatos documentados sí existe una resolución contra los acusados, pero sólo por homicidio agravado por ensañamiento y robo. En ninguno se especifica que sea contra personas de la diversidad sexual.

En siete de los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila se tiene registro de, por lo menos, un asesinato contra un miembro de esta comunidad, de acuerdo con los homicidios documentados por este equipo.

Los homicidios que no se ven
Los asesinatos contra la diversidad sexual en Coahuila son un tema que está presente en el Congreso Local, pero únicamente por la insistencia de asociaciones como San Aelredo que busca que se considere como un agravante el que sean agresiones contra esta comunidad. A pesar de eso, la iniciativa se mantiene en “la congeladora” desde septiembre de 2019.

Para el diputado Ricardo López Campos, coordinador de la Comisión de Gobernación, antes de añadir agravantes al delito es necesario delimitar qué es un crimen de odio. Sugiere que un asesinato cometido en la intimidad, podría no definirse como tal.

“Cuando hemos platicado con diversas personas relacionadas con la comunidad o que pertenecen a la comunidad lésbico-gay, en análisis serio, responsable, decimos: ‘¿Lo podemos concebir como crimen de odio cuando el homicida practica o tiene las mismas preferencias sexuales?, ¿Cuántos de esos homicidas o de esos homicidios se dan con personas que tienen la misma preferencia?”, dice el diputado.

En los mismos archivos hemerográficos se encontró que estos asesinatos quedan registrados simplemente como crímenes pasionales.

“Cuando es crimen pasional forzosamente tiene que haber un lazo de amistad, pareja, familia o amigos… debe existir un lazo fraterno. Una persona que va a un bar y lo conocen apenas cinco horas no es un lazo; es solamente un crimen de oportunidad”, explica Viridiana Ramírez.

Ante la falta de datos oficiales, el equipo de investigación del Border Hub conformó una base de datos mediante el cruce de información de búsquedas hemerográficas, del 2016 al 2020, en los tres periódicos de mayor cobertura en Coahuila, entrevistas con colectivos, familiares y amigos de las víctimas.

Las características que se tomaron en cuenta como filtro para el registro de estos casos fueron tres: que en la nota periodística se mencionara la identidad de género u orientación sexual de la víctima, que el asesinato se realizara con exceso de violencia -como tortura, golpes, diferentes tipos de armas- o que el cuerpo fuera expuesto en la vía pública.

Una vez detectados estos casos, se corroboró su existencia a través de solicitudes de información a la Fiscalía General de Coahuila y de una revisión de las sentencias públicas en el Poder Judicial de Coahuila.

La base de datos reveló que en 10 de los 12 homicidios prevalece un grado de violencia brutal y se cometieron sin razón aparente o por un motivo que no justifica el grado de agresión. Aun cuando la persona ya había perdido la vida, los agresores ejercieron mayor violencia, de acuerdo con la información obtenida de diversas fuentes.

Un claro ejemplo es que cinco personas fueron golpeadas hasta la muerte, una estrangulada y en otros cinco casos se usaron armas punzocortantes. En dos de los casos se combinaron formas de ataque como arma de fuego y atropellamiento o estrangulamiento y heridas con objetos punzocortantes.

En uno de los casos se reservó la información por tratarse de una víctima adolescente, pero amigos de la víctima aseguran que murió a consecuencia de complicaciones por la violación que sufrió.

Morir por ser quienes son
Para las autoridades legislativas la no clasificación de estos homicidios como crímenes de odio no es sinónimo de impunidad. Al final, el delito base, es decir, el homicidio, sí se investiga y por lo tanto hay acceso a la justicia, asegura el legislador Ricardo López Campos.

Pero en la comunidad LGBT+ esto no es más que justicia a medias.

“Seguramente no habrá impunidad para los familiares (de la víctima), quienes quizá lo que querían era que se castigara a la persona (responsable), pero sí existe una impunidad hacia la comunidad LGBT+, porque este tipo de delitos mandan un mensaje de rechazo de forma colectiva”, afirma el Licenciado en Derecho, Miguel Alejandro Morales de la Rosa.

Este patrón de omisión por parte de las autoridades se repite una y otra vez en los casos documentados para este reportaje.

Un año antes del homicidio de Michelle, es decir, en 2016, Jessica también fue asesinada en Coahuila. Un hombre le disparó y después la atropelló. Su caso está “en trámite” y tampoco se quiso agregar el hecho de su preferencia sexual, a pesar de que su homicida la insultó y la persiguió hasta matarla, sólo por tener una pareja de su mismo sexo.

“Las instituciones internacionales establecen que, cuando una víctima pertenece a un colectivo LGBT+, es decir, a un colectivo de vulnerabilidad o lastimado históricamente, los estándares de debida diligencia deben elevarse […] aquí sucede exactamente lo contrario, cuando se trata de una víctima LGBTI, bajan los estándares o ni siquiera los aplican. No se les pasa por la mente investigar qué rol jugó la orientación sexual o la identidad de género de la víctima en la comisión del delitos”, afirma Brito.

Clasificar para visibilizar
Para las autoridades, registrar la preferencia sexual es “un poco más complicado, porque incluso pudiera caber un tema de discriminación si no es propiamente claro”, asegura Rodrigo González Morales, Secretario Técnico y de Transparencia del Poder Judicial de Coahuila.

Contrario a esta postura, Noé Ruiz, presidente y representante legal de la asociación civil San Aelredo, asegura que no es un tema de discriminación sino de archivo. “Es una cuestión de sentido común, pero también de sentido de archivo y de poder tener y cuantificar cuántos crímenes han sucedido en el estado”.

“Al tipificar todos los crímenes como pasionales, estamos invisibilizando las formas en que fueron cometidos”, dice el activista. Brito, quien lleva más de 40 años en esta lucha, afirma que ocupar esta clasificación no es discriminatorio, pero no hacerlo sí es una “omisión” por parte de las autoridades, y esto simplemente lleva a la impunidad de los crímenes.

Las opciones para visibilizar estos casos son limitadas. En Coahuila, de 1999 hasta el 2017, año en el que se implementó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los asesinatos motivados por preferencia sexual se encontraban catalogados en el artículo 350 del Código Penal dentro del concepto “Motivos Depravados”.

El Código Penal actual, en su artículo 184, fracción XIII, agrava el homicidio calificado cuando se comete por “calidad de la víctima”, por preferencia sexual o apariencia física.

Pero diversos activistas aseguran que este no es el término correcto que tendría que estar en la ley, sino “orientación sexual” y se tendría que incluir la expresión “género” e “identidad de género”, además de especificar que todo puede ser real o percibido, como ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una respuesta evolucionada al crimen
En los últimos años, en México ha permeado el término de “justicia restaurativa”, como una respuesta evolucionada al crimen, definida así por la Organización de las Naciones Unidas.

“El hecho de que estos asesinatos sean clasificados como crímenes de odio ya se podría decir que es restaurativo”, dice Óscar Borja Santana, voluntario del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE).

En este punto no hay procesos ni fórmulas, “es un traje hecho a la medida”, de acuerdo con Borja Santana, quien indica que en delitos graves la justicia restaurativa puede ser más reparadora.

La justicia no se evade, el objetivo es que la persona que comete el delito se responsabilice de sus actos y dimensione el daño ocasionado. Y que la familia y la comunidad entiendan qué pasó y que asuman su papel de víctimas dentro de la sociedad.

“Es reconocer… es ser escuchados”, sentencia Borja Santana.

El Poder Judicial del Estado cuenta con una decena de capacitaciones en materia de derechos humanos, de acuerdo con la información entregada mediante una solicitud de información por el mismo organismo.

Sin embargo, los jueces gozan de autonomía y resuelven estos homicidios con base en los datos de prueba que presenta la Fiscalía General del Estado, asegura Rodrigo González, titular de la Secretaría Técnica y de Transparencia.

Se desconoce la razón por la cual la Fiscalía no integró estos casos de homicidios especificando que son contra personas diverso genéricas.

Este equipo de investigación solicitó a través de dos oficios entrevistas con el Fiscal Especial, Liberto Hernández Órtiz, y con Martha Rivera Hernández, Directora General de Investigaciones Especiales, para conocer su postura sobre el tema, pero no accedieron a las peticiones.

La reforma que hace falta
El diputado Ricardo López Campos, quien está a cargo de la reforma que le sumaría a estos homicidios el factor de crímen de odio, considera que incluir esa agravante dificultará la comprobación de la comisión del delito.

“Si decimos que la pena es mayor cuando se da por odio, entramos en un esquema subjetivo de la comprobación, de que fue por odio la comisión del delito. Y, ¿qué es lo que sucede?, que la persona que comete el delito puede quedar libre porque no se logró probar el elemento subjetivo de la acusación para hacerlo agravar”, afirma López Campos.

Además de esto, para lograr una justicia plena, movimientos pro LGBT+ consideran necesario que haya una reforma al Código Penal y se incluya el calificativo que abarque no sólo preferencia sexual, sino orientación, identidad o expresión de género.

“Es muy importante la tipificación porque facilita el encuadramiento del delito como tal […] pero, ¿sabes qué pasa?, que no quieren investigar, que nuestro sistema de justicia es flojo y no quiere capacitar gente para que haga una investigación correcta y entender todo este contexto”, dice la Maestra Viridiana Ramírez.

Un problema nacional
Los asesinatos motivados por el odio a gays, lesbianas, transexuales, queers, travestis, bisexuales, transgénero o intersexuales no son exclusivos de Coahuila. Cuando se conmemora el mes del orgullo, los reflectores dan luz a los crímenes de odio que ocurren en todo el país y esto permite verlo como un problema social.

A lo largo de los años ha existido una preocupación de las asociaciones civiles e intentos desarticulados en los estados por visibilizar estos casos, pero fue en diciembre de 2019 cuando el Gobierno Mexicano recibió un mensaje contundente: el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la falta de datos oficiales sobre estos casos.

“El Comité está preocupado por la discriminación y la alta tasa de violencia, incluyendo el alto número de asesinatos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en dichos casos”, se indica en las observaciones finales sobre el sexto informe periódico sobre México.

A partir de esta recomendación hecha por la ONU es que nacen organismos como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT en México, el cual es coordinado por Mauricio Ayala Torres y justo en 2019 comenzó el reto de contabilizar estos homicidios.

Pero el vacío que ha dejado la ley en torno a estos asesinatos ha hecho que esta tarea sea casi imposible. “No hay tantos elementos y cuando salen las sentencias, salen con vacíos”, dice Mauricio Ayala.

Oscar Borja Santana, considera que además de establecer la privación de la libertad del responsable, se debe buscar que las personas afectadas puedan volver a confiar en su comunidad y que la persona que ha cometido el delito pueda volver a respetar a su comunidad.

“A veces, como seres humanos nos falta aplicar esas partes, ese concepto: ser humano, y el ser más humano está rebasado. Me parece que hasta otros seres vivos pueden entender las necesidades ajenas”.

Para Noé Ruiz de San Aelredo, la reforma al Código Penal es el inicio de la visibilización de estos casos. El objetivo es claro: romper la opacidad e impunidad que rodea a los crímenes de odio.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.