Entre las indagatorias de la SFP están 75 denuncias contra la Secretaría de Bienestar y la compra del software Pegasus, usado para espionaje.
Ciudad de México.- Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que la dependencia a su cargo investiga 75 denuncias contra la Secretaría de Bienestar, la cual se encarga de los principales programas sociales del Gobierno federal, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas, conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.
“La lucha contra la corrupción es de verdad, es concreta. Vamos sobre los hechos irregularidades porque estamos combatiendo la corrupción con seriedad”, dijo el funcionario al comparecer en la Cámara de Diputados por el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante legisladores de comisiones, Salcedo señaló que la SFP también investiga la compra del software espía Pegasus, pues dijo que quieren saber por qué se adquirió y por qué se utilizó en otras situaciones que no eran de inteligencia.
“Estamos sustanciando este asunto y pronto lo tendrá la Fiscalía General de la Republica”, indicó.
Según diversas investigaciones periodísticas, este software de la empresa israelí NSO Group fue usado para vigilar activistas, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en México y otros países.
SFP sanciona con 154 mdp a 155 proveedores
El titular de la SFP señaló que en el combate a la impunidad, la dependencia a su cargo sancionó a 155 licitantes y proveedores con 154 millones de pesos por proporcionar información falsa, actuar con dolo en procedimientos de contratación e incumplir con obligaciones contractuales.
Al comparecer en la Cámara de Diputados, el secretario comentó que en procedimientos de responsabilidad administración, el universo fue de 9 mil expedientes, de los cuales 5,800 se resolvieron. De los resultados, 300 expedientes se remetieron al Tribunal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves, como desvío de recursos y abusos de funciones
Salcedo comentó que impusieron más de 3 mil sanciones administrativas, de las cuales fueron 2,467 a servidores públicos, desde inhabilitaciones, amonestaciones, suspensiones y destituciones y sanciones económicas por montos de 3,658 millones de pesos.
El funcionario mencionó que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la FGR por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de los servicios públicos, uso indebido de atribuciones, falsificación de documentos, ilícitos vinculados en su mayoría con adquisiciones, bienes y servicios y obra pública.
