Académicos señalaron que confían en la aplicación de las leyes, la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos.
Ciudad de México.- La acusación de corrupción a 31 científicos resulta “preocupante” para la comunidad universitaria, según consideró en una carta el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada de que han sido objeto 31 académicos y funcionarios que estuvieron relacionados con el Foro Consultivo Científico y Controlado”, consideró dicha comunidad en la carta, que se emitió en respaldo al posicionamiento del rector de la UNAM Enrique Graue, quien la semana pasada calificó la acusación como “un despropósito”.
“Sin menoscabo de las aclaraciones administrativas que resulten pertinentes, salta a la vista la improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que han sido condenadas a priori por diferentes instancias del sector publico, sin escuchar a las y los imputados y sin que exista la garantía de un debido proceso”, dijeron en la misiva.
La situación genera, dijeron, un clima de desconfianza y linchamiento hacia esas personas, “que peligrosamente algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país”, quien funge como aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda nación que busque mantenerse “a la vanguardia”.
“Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, indicó el documento de Álvarez-Buylla.
La semana pasada, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), envió dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador en los que relató que 31 funcionarios están siendo acusadas de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27.9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.
En la misiva de este lunes, consideraron que esta acción puede llevar a abonar a la desconfianza en las instituciones educativas.
“Respaldamos con convicción y contundencia el mensaje emitido por el rector de nuestra universidad el 22 de septiembre, ya que, al igual que él, expusieron, consideran “un despropósito inconcebible acusar de asociación delictuosa” a los académicos y funcionarios involucrados”.
Por último dijeron que confían en la correcta aplicación de las leyes, la impartición de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los académicos señalados.
Terminaron asegurando estar convencidos de que solo “mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el Gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.
