La FGR aseguró al diario Reforma que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió órdenes de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que nueve exfuncionarios comandaban una organización criminal adentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), por lo que podrían alcanzar una condena de hasta 82 años y medio de prisión por los delitos a los que se les acusa, según reveló el periódico Reforma.

De acuerdo con el reportero Abel Barajas del medio de circulación nacional, los señalados como presuntos líderes de esta “organización criminal” son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos cuatro directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dictó la Fiscal Genny Franco Martínez, en la solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto a la que Reforma tuvo acceso.

Por lo anterior, la pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero, esto porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de cinco a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.

En cuanto a las solicitadas y hasta ahora rechazadas órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos acusados, la Fiscalía argumentó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió sus detenciones y no un citatorio para una audiencia de imputación.

“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.

El Reforma también dio a conocer que para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron.

“En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer”, agregó Abel Barajas en su reportaje.

Además, el medio añade que anteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le había entregado a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Dichas entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.

Ante las acusaciones, Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous declararon a La Jornada este domingo que están dispuestas a que se les investigue, pero refirieron que dichas indagaciones debían ser con transparencia y dentro del marco jurídico vigente, ya que, aseguraron, “no han incurrido en ningún ilícito y menos en delincuencia organizada”.

En entrevista con La Jornada, las investigadoras comentaron que sus derechos han sido violentados, ya que ni siquiera conocen de qué se les acusa exactamente. “Nos llena de temor y preocupación, sobre todo porque ni siquiera han querido entregarnos la carpeta de investigación para que podamos conocer con exactitud de qué se nos acusa y defendernos” dijeron.

Por su parte, Dutrénit Bielouslo señaló al medio mexicano que es “desmesurado y hasta fantasioso” la acusación por parte de la FGR, porque dijo que “en el foro los únicos recursos que se manejaban eran públicos”.

El pasado 22 de septiembre, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la Fiscalía General de la República emitir órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

No obstante, la Fiscalía anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

El viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a una parte de la comunidad científica del país, pues aseguró que les pagaban “hasta para sus lujos” y que, por sus buenas relaciones con los gobiernos anteriores, “era una especie de chantaje” recibir esos fondos.

“Eran puros estudios, congresos, ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia, buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar estos fondos”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina.

Además, presumió que en su sexenio las cosas son diferentes y además pidió que se investiguen los posibles casos de corrupción, asegurando que el combate a este tipo de delitos debe ser parejo. “Nadie al margen de la ley”, señaló.

UNIVERSIDADES REACCIONAN

La investigación de la FGR contra científicos y académicos causó el rechazo de diversas universidades del país y comunidades académicas.

El Tecnológico de Monterrey expresó su indignación y preocupación frente a las “desmedidas acusaciones” y acciones legales en contra de los y las investigadoras. “La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, determinó el ITESM.

Además, durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios celebrada el miércoles, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, calificó la acusación de la FGR como “un despropósito” e “inconcebible”.

Asimismo, la comunidad docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un llamado a la Fiscalía a cancelar las 31 órdenes de aprehensión en contra de los investigadores.

“Convocamos a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar el uso de las datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo”, dijo en un comunicado.

Finalmente, la comunidad de la Universidad Iberoamericana hizo pública su preocupación por las recientes acusaciones contra los científicos y académicos; expresó su solidaridad y exigió “que se haga valer el Estado de derecho”, y “que prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática del país”.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no ha dado ninguna orden al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Yo no le he dado una sola orden al Fiscal Gertz Manero, ni una sola orden. Además, él, como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Con información de: Sin Embargo