Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob, usando empresas fantasma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo ayer una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Una investigación federal a la que tuvo acceso Animal Político señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

Este medio buscó contacto con el exsecretario Osorio Chong para solicitarle un posicionamiento respecto de los señalamientos a su gestión.

“No tengo mayor información en este momento, pero, a presupuesto asignado, deben siempre encontrarse entregables. Esperaremos a que la autoridad haga lo que corresponde en esta investigación”, comentó.

La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.

Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.

Ambos contratos son considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que hubo simulación de competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.

Empresas ‘millonarias’ en lotes baldíos y en obra negra

Entre las primeras irregularidades, la autoridad fiscal detectó que los contratos eran idénticos y que la compañía Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que ganó casi 3 mil millones de pesos, no tiene activos, infraestructura, ni personal trabajando, y que su dirección lleva a una modesta vivienda particular en Morelia, Michoacán, la cual no concuerda con su supuesto perfil de empresa millonaria.

Además, tal y como consta en ambos contratos a los que este medio tuvo acceso, la propia compañía manifestó ser “una pequeña empresa”.

Por otra parte, para adjudicar uno de los dos contratos por 1 mil 950 millones, la Segob hizo un supuesto estudio de mercado para ver qué empresa ofrecía las mejores condiciones económicas.

En dicho estudio participaron tres sociedades: Seguridad Privada de Inteligencia Cibernética, Sistemas Integrales Computarizados S.A. de C.V., y Grupo Profesional Shalom S.A. de C.V. La que supuestamente ofreció las mejores condiciones fue Seguridad Privada. Pero las autoridades detectaron que en el estudio las tres compañías se pusieron de acuerdo para presentar propuestas idénticas, que, incluso, presentaron el mismo día: el 8 de agosto de 2016.

Las autoridades hacendarias también detectaron que la empresa fantasma, para comprobar supuestamente la realización de los servicios y la entrega de bienes en ambos contratos, un Sistema de Monitoreo Centralizado, aportó fotografías idénticas, tal y como pudo constatar este medio. Por lo que las autoridades sospechan que, en realidad, se trata de entregables simulados.

Esta empresa, para justificar la entrega de decenas de cámaras fotográficas y de video, también aportó la misma información en ambos contratos, por lo que las autoridades también sospechan que son entregables simulados.

Una vez ganados los dos contratos por casi 3 mil millones de pesos, la empresa fachada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como ‘factureras’ por la autoridad fiscal. Y éstas, a su vez, triangularon el dinero público a otras tres factureras.

Las compañías son: Modemo S.A. de C.V.; Tecnología e Innovación Arromlop S.A. de C.V.; Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V.; Creación y Modificaciones Gardel S.A. de C.V.; Comcelint S.A. de C.V.; Rangel S.A. de C.V. y Gupea Construcciones S.A. de C.V.

Estas empresas fueron creadas con apenas semanas de diferencia, entre el 18 de febrero de 2016 y el 12 de mayo de 2016, el mismo año de la firma de los contratos millonarios con el órgano desconcentrado de la Segob. Y también tienen sus sedes en viviendas particulares e, incluso, en lugares que conducen a obras en estado de abandono y a lotes baldíos.

Las autoridades fiscales detectaron que este grupo de empresas fantasma hicieron más de mil 400 operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas. Y sospechan que detrás de ellas estaría el matrimonio de Inés Gómez-Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían cobrado una comisión para lavar el dinero público.

Tan solo entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2016, la empresa Grupea Construcciones Sa de CV transfirió al matrimonio casi 3 millones de pesos que habrían salido de las arcas públicas de Segob.

Incluso, la autoridad fiscal detectó que una persona física, que también está incluida en la lista negra del SAT de factureros, tenía supuestamente en su ‘nómina’ al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, al que le pagó 1 millón 376 mil pesos como si fuera un supuesto ‘empleado’.

Víctor Manuel Álvarez Puga es un abogado mexicano que, junto con su hermano, dirige el despacho Alvarez Puga & Asociados. Según la revista Caras, participó apoyando la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos. Se casó con Inés Gómez-Mont en 2015.

Gómez-Mont es una conocida conductora de televisión. Ha trabajado en diversos programas de TV Azteca, el más conocido, Ventaneando. El matrimonio tiene dos hijos en común, que se suman a los tres de ella, de su matrimonio previo, y uno de Álvarez Puga.