El juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a la conductora, con la cual buscaba frenar por tiempo indefinido su captura y la decisión del juez que le ordenó internarse.

Ciudad de México.- Laura Bozzo esta con un pie en la cárcel, luego de que el juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute la orden de aprehensión girada contra la presentadora de televisión y sea internada en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.El juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a la conductora, con la cual buscaba frenar por tiempo indefinido su captura y la decisión del juez que le ordenó internarse.

En 2018 se dio a conocer que Laura Bozzo debía 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y que ya había agotada todas las instancias judiciales para impugnar la deuda.

Hace tres semanas un juez de control la vinculó a proceso porque presuntamente vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 71pesos.

El juzgador le ordenó internarse de manera voluntaria al penal estatal en un plazo de 48 horas, pero no lo hizo. Ante el desacato, de no ingresar voluntariamente al penal de Santiaguito se ordenó la aprehensión de la presentadora.

Ante esta posibilidad, hace unos días el juez concedió una suspensión provisional que frenó su detención y le impuso una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte.

Sin embargo ayer, el juez Ortiz Marmolejo publicó un acuerdo donde informó que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte. Por lo cual hoy en un nuevo acuerdo el impartidor de justicia informó que resolvió negar la medida cautelar solicitada y la declaró sin materia.

Esto, ante el desacato de no ingresar voluntariamente al penal de Santiaguito se ordenó la aprehensión de la presentadora. La FGR solicitó la colaboración de las autoridades estatales para su localización y detención.