La compleja red con sede en San Diego, California, distribuyó miles de kilogramos de metanfetamina que pasaron de contrabando a través de la frontera México-EU.

Ciudad de México.- Sesenta personas fueron acusadas de operar una red de narcotráfico con sede en San Diego, California, y que está vinculada al Cártel de Sinaloa por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego. La organización vendía metanfetamina en Estados Unidos y en Australia, según un comunicado de la DEA.

Un jurado federal en San Diego emitió las actas de acusación en mayo después de una investigación de un año que condujo a la incautación de 100 kilogramos de metanfetamina, 90 armas de fuego y 250 mil dólares en efectivo.

Los funcionarios también buscan confiscar las residencias, los vehículos de alta gama y el efectivo que pertenece a estos acusados.

Cuarenta y cuatro personas se encontraban detenidas y otras 16 eran buscadas por la justicia, indicaron las autoridades.

La mayoría de los acusados son de San Diego y enfrentan cargos que incluyen importación de metanfetamina y asociación delictuosa para distribuir narcóticos y para lavar dinero.

Según la acusación y otros documentos presentados públicamente, durante los últimos años esta compleja red con sede en San Diego obtuvo miles de kilogramos de metanfetamina del Cártel de Sinaloa para pasar de contrabando a través de la frontera escondidos en compartimentos ocultos de automóviles y motocicletas.

Luego, los acusados ​​utilizaron estos automóviles y motocicletas, junto con trenes, aerolíneas comerciales, el correo de los Estados Unidos y servicios de entrega comercial como FedEx y UPS para distribuir esa metanfetamina a docenas de subdistribuidores ubicados en San Diego, Hawai, Arizona, Texas, Kansas, Iowa, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Kentucky; y otros países, incluidos Australia y Nueva Zelanda.

A cambio, decenas de miles de dólares en ganancias de narcóticos se devolvieron a los líderes de la red a través de envíos de efectivo o depósitos en cuentas bancarias y sistemas de transferencia de dinero como MoneyGram, Western Union, PayPal, Zelle, Venmo y Cash App. Y para proteger sus operaciones ilegales, los acusados ​​supuestamente poseían docenas de armas de fuego y utilizaron proveedores de comunicación encriptados para comunicarse entre ellos.

El tráfico de drogas y lavado de dinero continuó sin cesar durante la pandemia global de covid-19. Los cargos por drogas conllevan una sentencia de por lo menos 10 años en prisión y que puede llegar hasta cadena perpetua.

“La DEA está intensificando sus esfuerzos para interrumpir, desmantelar y destruir las organizaciones de tráfico de drogas más violentas en todo el país bajo la Operación Crystal Shield”, dijo el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery, a través de un comunicado.

“Al desmantelar esta sofisticada red de tráfico de drogas, la DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley han evitado que cantidades significativas de metanfetamina y numerosas armas de fuego lleguen a las calles de San Diego y otros vecindarios de los Estados Unidos.

El tráfico de drogas es un delito violento que afecta la seguridad de nuestras comunidades, y las incautaciones de drogas y armas de fuego realizadas en esta investigación son testimonio de ello”, agregó.