Crece la tensión por las ejecuciones, secuestros y amenazas contra candidatos de todos los partidos

Ciudad de México. A casi diez días de que concluyan las campañas políticas de las elecciones más grandes en México, crece la tensión por las ejecuciones, secuestros y amenazas en contra de los candidatos de todos los partidos políticos.

Entre el 7 de septiembre de 2020 (fecha de inicio del actual proceso electoral, que incluye a 31 entidades y 321 municipios) y el 30 de abril, 31 aspirantes y candidatos fueron asesinados, de acuerdo con un análisis de la firma Etellekt.

Solo en el caso de candidatos, sin contar aspirantes, El Financiero tiene registro de 14 ejecuciones. En ninguno hay detenidos y todas las carpetas de investigación están en curso.

El caso más reciente fue el de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, quien fue asesinada la noche del martes, durante un acto de campaña.

Hace dos semanas en Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, del mismo partido, murió a causa de un ataque armado en Ciudad Obregón.

En marzo fue asesinada a balazos la candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño. La exdiputada local fue interceptada por sujetos armados que la atacaron cuando circulaba a bordo de su camioneta. Incluso su chofer y una persona que la acompañaba resultaron heridos.

Otros casos que cimbraron al país fueron los de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, y su madre Gladys Merlín Castro, quienes fueron asesinadas el 15 de febrero; también el homicidio del expresidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo, quien aspiraba a un cargo de elección popular, y el asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, quien buscaba la presidencia municipal de Juventino Rosas, Guanajuato.

Las candidatas y los candidatos ejecutados no contaban con personal de seguridad, solo con los acompañantes de campaña, quienes también se han visto afectados.

De acuerdo con Etellekt, entre el 7 de septiembre y el 30 de abril se registraron 79 asesinatos de políticos y aspirantes, lo que significa un aumento del 29 por ciento respecto a las elecciones intermedias de 2015. Por ello, el actual proceso electoral federal es ya el segundo más violento desde el de 2000.

La firma agrega que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos) registradas hasta el 30 de abril, superaron en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, considerado el más violento de la historia.

El análisis detalla que las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcó a 31 entidades y 321 municipios de la república (13 por ciento del total de municipios).

Gobierno dice que algunos candidatos no piden protección
Ante este oscuro panorama electoral que ha manchado de sangre las campañas políticas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que algunas de las candidatas y los candidatos asesinados durante el proceso electoral 2021 no solicitaron medidas de protección al gobierno federal.

“En algunos de ellos no nos solicitaron la protección, ni siquiera tuvimos conocimiento de que podrían estar en riesgo esos candidatos. Nosotros requerimos que los candidatos y candidatas nos hagan llegar sus peticiones”, declaró.

La funcionaria mencionó que las y los aspirantes que se sientan amenazados o en peligro deben informar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) para que se les realice una evaluación de riesgo y se les asignen medidas de protección.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPyPC, informó que se le da seguimiento a 398 casos de candidatos y candidatas que participan en el presente proceso electoral, de los cuales 187 recibieron amenazas, 101 reportaron algún tipo de agresión y 11 fueron secuestrados.

Expuso que se han atendido 250 denuncias, de las que el 53.7 por ciento se concentran en siete estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Para evitar tragedias, Rodríguez aseguró que se han brindado atención a 148 aspirantes.

Asimismo, dijo que se implementaron mesas de paz en las 32 entidades y 200 regionales en todo el país.

La funcionaria explicó que si la denuncia viene de aspirantes a diputaciones federales o gubernatura, se brinda protección por parte del gobierno federal, y si son candidatos a cargos locales reciben apoyo en coordinación de las autoridades estatales municipales y federales.

Dijo que el protocolo para brindar protección consiste en que las víctimas denuncien la amenaza o agresión ante las autoridades locales. De ahí se inicia una carpeta de investigación, y el caso es analizado por la mesa de paz estatal y la nacional, las cuales implementan un esquema de protección y dan seguimiento.