Buscan ampliar el presupuesto de 8 millones de pesos a 12 millones, en el próximo Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.
Culiacán, Sin- Con el objetivo de garantizar el tratamiento gratuito a más personas que enfrentan problemas de adicción, las organizaciones “Un Movimiento para Sinaloa sin Adicciones AC” y la “Federación Sinaloense de Centros de Rehabilitación”, presididas por Guillermo Rodríguez Gaxiola y José Manuel Burgueño Valenzuela, respectivamente, han impulsado una serie de gestiones ante las autoridades estatales. Estas iniciativas buscan asegurar una mayor asignación de recursos en el presupuesto 2025 para los centros de rehabilitación que operan en Sinaloa.
Desde hace varios meses, ambos líderes gremiales han presentado ante el gobernador del estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y Finanzas, y la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones un proyecto justificado. El objetivo es aumentar los fondos destinados a la atención de jóvenes en situación de vulnerabilidad que requieren tratamiento residencial para superar las adicciones.
Actualmente, los centros de rehabilitación reciben una partida presupuestal asignada al programa denominado “Protección y Desarrollo Integral de la Infancia”, dentro del ramo administrativo de la Secretaría de Salud. No obstante, Rodríguez Gaxiola y Burgueño Valenzuela han solicitado un aumento en la cantidad asignada, que pasaría de los actuales 8 millones de pesos a 12 millones, en el próximo Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.
Los líderes destacan que, aunque los 8 millones de pesos actuales están contemplados en la ley, solo alrededor de 3.5 millones de pesos llegan realmente a los centros de rehabilitación, lo cual es insuficiente para cubrir el costo de las becas de tratamiento que benefician a quienes no pueden pagar por el servicio. Este desajuste, señalan, impide cumplir con el artículo 154 de la Ley que Regula la Prevención y Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa, que establece que el Gobierno del Estado debe asumir el costo del tratamiento de los usuarios que, tras un estudio socioeconómico, demuestren no contar con los recursos ni con seguridad social.
Asimismo, hacen un llamado a que se garantice que los recursos asignados en el presupuesto sean utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Ley, y no se desvíen a otras áreas.
