Con 336 fotos a favor y 123 en contra, la Cámara Baja dio trámite a las iniciativas de las reglas secundarias avaladas la semana pasada por el Senado de la República.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados, así como nuevas instituciones que se crearán como parte de una reforma al Poder Judicial avalada recientemente por el Congreso de la Unión.

Con 336 fotos a favor y 123 en contra, la Cámara Baja dio trámite a las iniciativas de las reglas secundarias avaladas la semana pasada por el Senado de la República.

Antes del 16 de octubre la Cámara Alta debe convocar a la elección extraordinaria que se celebrará a mediados de 2025 para elegir a los impartidores de justicia.

En septiembre, el Congreso de la Unión, de mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Los cambios constitucionales han golpeado a los mercados locales y asustado a inversionistas.

El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.

En 2027 serán elegidos los cargos restantes.

El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”.

“Esta minuta trata de dar el poder a la ciudadanía para que sean quienes decidan las personas que formarán parte del Poder Judicial de nuestro país, estableciendo la elección popular de ministros, magistrados y jueces para que cuenten con la legitimidad a través del voto popular”, dijo el diputado Hugo Flores, del Partido Encuentro Solidario (PES).

Los críticos, sin embargo, han dicho que la reforma no afectará a las fiscalías, la policía y los ministerios públicos, a los que consideran los verdaderos culpables de la elevada impunidad y la extendida corrupción en el país latinoamericano.

La reforma al Poder Judicial ha generado preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.

“Esto no es una reforma de justicia, es una venganza, eso es lo que es, se está echando a la basura cosas muy útiles en el Poder Judicial, se está tirando la experiencia de mucha gente, y esto es una cosa pésima para la Nación”, dijo Rubén Moreira, diputado del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Pero también está muy mal hecho, hay una gran cantidad de errores en la elaboración de estas iniciativas”, agregó, asegurando que hay artículos similares, que no se asegura el voto en el extranjero y que se retiran las acciones afirmativas para que, por ejemplo, haya jueces indígenas.

A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) se declaró competente para determinar si la reforma promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.