Solo resta la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor; la oposición no asiste
El Congreso declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado mexicano y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 entidades.
“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró ante el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.
Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes expresaron que la acción de constitucionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.
La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos 1,200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el TMEC.
