Subrayó que las declaraciones del representante de la Casa Blanca en nuestro país no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre ambos gobiernos.

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en las que mostró un abierto rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, representan “una acción inaceptable de injerencia” que contraviene la soberanía mexicana, reclamó el gobierno de México a través de una nota diplomática.

Esta comunicación diplomática se envió ayer mismo, tras conocerse la posición de Washington —externada a través de su representante en México—, y esta mañana la dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional.

En el texto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que las declaraciones del representante de la Casa Blanca en nuestro país no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre ambos gobiernos.

“La declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”.

La cancillería detalló en esa comunicación diplomática que el objetivo de la reforma al Poder Judicial busca fortalecer el estado de derecho mediante una reforma que se realiza a través de los lineamientos establecidos en la Constitución .

“La SRE expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el estado de derecho mediante la reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Agregó que “el gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos”.