En el epicentro de una tormenta política y social, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra en un momento crucial de su historia. El conflicto entre la institución y el Gobierno del Estado ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales que van más allá de una simple disputa legal. ¿Qué significa realmente la autonomía universitaria en el contexto actual? ¿Cómo se equilibra la independencia institucional con la responsabilidad pública?

La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, ha sido tradicionalmente un baluarte contra la injerencia política directa. Sin embargo, ¿no se ha convertido, en algunos casos, en un escudo que protege estructuras de poder internas resistentes al cambio? Es imperativo cuestionar si la defensa férrea de la autonomía por parte de las autoridades universitarias responde genuinamente a los intereses de la comunidad o si, por el contrario, perpetúa un status quo que beneficia a unos pocos.

El llamado a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación representa una oportunidad, pero también un riesgo. ¿Será este espacio verdaderamente inclusivo, o se limitará a negociaciones entre cúpulas? La historia nos ha enseñado que los cambios significativos rara vez provienen de acuerdos a puerta cerrada.

La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la UAS merece un análisis profundo y desprejuiciado. La democratización de la vida universitaria, el voto universal, la no reelección de autoridades y la formalización del movimiento estudiantil son demandas legítimas que resuenan con los principios de una educación superior progresista.

Es crucial examinar críticamente el concepto de “comunidad universitaria”. ¿Realmente existe tal comunidad en la UAS actual, o es una ficción conveniente que enmascara divisiones profundas y desigualdades estructurales? La reivindicación de la dignidad del universitario debe ir más allá de consignas; implica un replanteamiento radical de las relaciones de poder dentro de la institución.

El gobernador Rocha Moya afirma no tener “nada que negociar” con la UAS. Esta postura, aparentemente inflexible, revela la complejidad de las relaciones entre el poder político. ¿Es posible una verdadera autonomía universitaria en un contexto donde el financiamiento público es crucial? ¿Cómo se equilibra la independencia académica con la rendición de cuentas a la sociedad que sostiene la institución?

La mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación es un primer paso. Pero no basta con sentarse a la mesa. Necesitamos una revolución de ideas, un renacimiento de valores. La reforma a la Ley Orgánica de la UAS no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad dorada para recuperar la esencia de lo que significa ser universitario.

El debate sobre la UAS es, en el fondo, un debate sobre el modelo de universidad que queremos para el futuro. ¿Una torre de marfil aislada de las realidades sociales o un agente activo de transformación? ¿Un espacio de reproducción de élites o un verdadero motor de movilidad social?

La crisis actual ofrece una oportunidad única para repensar no solo la estructura de la UAS, sino el concepto mismo de educación superior en México. ¿Cómo se adapta la universidad a las demandas del siglo XXI sin perder su esencia crítica y humanista? ¿Cómo se equilibra la excelencia académica con la inclusión y la equidad?

Es fundamental que cualquier reforma o acuerdo que surja de este proceso sea el resultado de un diálogo amplio y genuino. La voz de estudiantes, docentes de base, trabajadores administrativos y la sociedad civil debe ser no solo escuchada, sino integrada en la toma de decisiones.

La autonomía universitaria no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una educación superior de calidad, relevante y accesible. Debe ser un instrumento para la libertad de cátedra, la investigación independiente y el pensamiento crítico, no un refugio para prácticas obsoletas o intereses creados.

El futuro de la UAS está en una encrucijada que trasciende las fronteras de Sinaloa. Es un microcosmos de los desafíos que enfrenta la educación superior en México y América Latina. La resolución de este conflicto sentará precedentes importantes sobre la relación entre las universidades públicas, el Estado y la sociedad.

El camino hacia adelante requerirá de una reflexión profunda, autocrítica y valiente por parte de todos los actores involucrados. Más allá de las consignas y las posturas inflexibles, se necesita un verdadero ejercicio de imaginación institucional. ¿Estamos a la altura de este desafío histórico? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de la UAS, sino el rumbo de la educación superior en nuestro país.

La reivindicación de la dignidad del universitario no puede ser una mera consigna. Debe traducirse en acciones concretas: mejores condiciones laborales, respeto a los derechos adquiridos, y un compromiso inquebrantable con la excelencia académica. Es hora de que la comunidad universitaria, en su sentido más amplio e inclusivo, tome las riendas de su destino y construya la universidad que Sinaloa y México necesitan y merecen.