Impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tráfico de droga

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas bancarias abandonadas desde 2016, pues tras ser congeladas al crimen organizado y por indagatorias relacionadas con actos de corrupción hasta la fecha nadie se ha presentado a reclamarlas.

Se trata de cuentas que los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas ya que, al estar relacionadas con narcotráfico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el desbloqueo.

MILENIO confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron congeladas desde hace más de cinco años por lavado de dinero y que, desde entonces, continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital.

Este primer paquete con el que la UIF y la FGR pretenden iniciar la recuperación de recursos, producto de actos delictivos, suman 600 millones de pesos y algunas cuentas fueron congeladas desde 2016, por lo que consideran que son casos con una alta probabilidad de que se pueda aplicar la declaración de abandono y redirigirlos a la hacienda pública.

El proyecto pretende que este dinero se utilice en beneficio de la sociedad y que el gobierno pueda recuperarlo de una manera “más rápida, ágil y efectiva”, que mediante un proceso de decomiso que lleva varios años hasta que se tiene una sentencia condenatoria.

Recuperar bienes es una facultad exclusiva de la Fiscalía y está en manos del Ministerio Público iniciar estos procesos durante las audiencias; sin embargo, las autoridades consideran que la última palabra quedaría en manos de los jueces quienes, para autorizar su recuperación, mantienen estándares probatorios que resultan muy altos en las primeras fases procesales.

Desde el inicio de este gobierno, la UIF incluye en las denuncias presentadas ante la FGR la solicitud de que aplique el aseguramiento de cuentas ante las limitantes con que se enfrenta esta dependencia, tras la jurisprudencia establecida por el ministro Eduardo Medina Mora, que impone a la UIF que pueda congelar cuentas únicamente si existe una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional.

En las denuncias, la UIF señala a los sujetos implicados, las cuentas que fueron bloqueadas, los montos que éstas contienen, las operaciones irregulares detectadas por el sistema financiero, así como el posible origen ilícito de los recursos, ya sea por actos de corrupción, fraude, trata de personas, delincuencia organizada o delitos contra la salud.

Por lo que pide expresamente asegurar las cuentas bancarias para evitar que recursos relacionados con lavado de dinero sigan en el sistema financiero o exista la posibilidad de que se liberen. Sin embargo, de 341 denuncias presentadas en este gobierno, en menos de 10 casos se ha solicitado esta acción y únicamente en algunas de las cuentas implicadas, por lo que no es una política de la FGR asegurar los recursos, pese a las solicitudes expresas fundadas y motivadas.

Para que las autoridades puedan hacer uso de estos recursos de procedencia ilícita existen tres vías.

La primera es el decomiso, que consiste en que el Ministerio Público solicite el aseguramiento de las cuentas y conforme avance el proceso, al tener una sentencia condenatoria se pueda comprobar que el dinero es instrumento o producto de un delito. Pero esta vía lleva incluso años en lograrse.

La segunda es el abandono de bienes que no necesita llegar a la fase condenatoria, pues simplemente el Ministerio Público puede alegar que nadie presentó una impugnación o reclamó el bloqueo de estos recursos.

Y la tercera, se trata de la extinción de dominio que tampoco requiere una sentencia penal, pero el Ministerio Público debe acreditar ante el juez que existen elementos suficientes que muestran que este dinero está relacionado con un ilícito.