Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal negó una orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien es investigada por la FGR por delitos de delincuencia organizada.
En acato a la sentencia de Tribunal Colegiado, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal federal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó una orden de aprehensión en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
El mandamiento fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación en contra de Rosario Robles, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones de la FGR establecen la presunta participación de la ex titular de la Sedesol en un presunto lavado de dinero, por medio de factureras, por un monto superior a los 77 millones de pesos, que fueron pagados a la Universidad Autónoma de Morelos.
De acuerdo con los registros judiciales, el juez de Control del Centro de Readaptación Social número 1, Altiplano, negó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución de un Tribunal Colegiado que confirmó un amparo concedido a la exfuncionaria, en primera instancia, el pasado 3 de abril.
En acato a la sentencia de Tribunal Colegiado, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal federal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó una orden de aprehensión en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
El mandamiento fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación en contra de Rosario Robles, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones de la FGR establecen la presunta participación de la ex titular de la Sedesol en un presunto lavado de dinero, por medio de factureras, por un monto superior a los 77 millones de pesos, que fueron pagados a la Universidad Autónoma de Morelos.
De acuerdo con los registros judiciales, el juez de Control del Centro de Readaptación Social número 1, Altiplano, negó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución de un Tribunal Colegiado que confirmó un amparo concedido a la exfuncionaria, en primera instancia, el pasado 3 de abril.
