La ley SB4 había sido aplazada por la corte federal de forma indefinida

Estados Unidos. Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso indefinido a la polémica leyes antimigrantes de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia, con la oposición de los magistrados liberales, decidió dar luz verde a su entrada en vigor.

El argumento esencial es que primero debe determinar su constitucionalidad una corte de apelaciones antes que el máximo tribunal de Estados Unidos.

En una decisión dividida, el máximo tribunal de Estados Unidos allanó el camino para su implementación al argumentar que primero debe ser una corte de apelaciones quien revise el proceso para determinar si la legislación promulgada por el gobernador es constitucional.

“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley concluyó que probablemente es inconstitucional”, escribió en una opinión disidente la magistrada latina Sonia Sotomayor.

Expertos en derecho internacional coinciden en que la legislación texana podría dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales de Texas tienen luz verde para enviar hacia territorio mexicano a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.

Aún antes de la promulgación de la ley por parte del gobernador republicano Greg Abbott, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador advirtió que el paquete de medidas legislativas aprobadas por Texas afectaría los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.

En este sentido, el gobierno de Washington argumenta que la ley viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno central para regular la migración.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado diciembre la ley, conocida como SB4, por la que se autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al gobierno federal.

“Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que “la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”.

La ley de Texas convertía la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen.