La Justicia española no permitió que el fracaso matrimonial repercutiera negativamente en el destino de la mascota

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia de la ciudad de Vigo (Galicia, España), en la que se fijan los derechos de un perro y el trato que le corresponde tras el divorcio de sus dueños.

La mascota queda al cuidado de la mujer, la Sra. Sagrario, y “se abonarán por mitad los gastos extraordinarios y de veterinario“, mientras que el Sr. Pablo “contribuirá al gasto del animal con la suma de 40 euros mensuales pagaderos en los cinco primeros días de cada mes y actualizable anualmente conforme al IPC [índice de precios de consumo]”, dictaminó la Justicia española.

El fallo se emitió en noviembre del año pasado, pero el Poder Judicial hizo pública la resolución recién este martes. Además del destino del perro, se fijó también el sistema de patria potestad y custodia compartida para los dos hijos de la expareja, así como una pensión de alimentos de 150 euros por parte del padre (75 euros por cada uno).

Desde finales de septiembre de 2023, en España rige la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que establece que las mascotas, en términos jurídicos, deben ser tratados como seres vivos dotados de sensibilidad y no como cosas.

La medida supuso un cambio legal que ahora permite a las mascotas beneficiarse también del derecho de familia y no salir perjudicados de los fracasos conyugales de sus dueños.