Culiacán, Sin.- Diputadas y diputados de Morena, PAS, PRI y Grupo Plural, afirmaron que la donación al gobierno federal de los terrenos de las presas Santa María y Picachos, garantiza el mantenimiento y operación de las mismas, se da certeza jurídica a los comuneros cuyas tierras fueron expropiadas, además de que se detona el desarrollo de la región sur del estado.

El diputado Serapio Vargas Ramírez, de Morena, entregó a la Mesa Directiva diversos documentos, con el afán de contribuir al fortalecimiento de lo que se discutía en el Pleno, que es la autorización al gobernador Rubén Rocha Moya para que enajene a título de donación los terrenos de las presas Santa María y Picachos, a favor del Gobierno Federal.
Entre los documentos que entregó están:

*Publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación de ambos terrenos.
*Acta de posesión y deslinde realizada el 17 de noviembre de 2023.
*Documento firmado por la directora de Desarrollo Agrario, del Fifonafe (Fideicomiso que tiene en su encargo acreditar el descargo de haberse cubierto la indemnización).
*Documento del 11 de octubre de 2023 del Gobierno del Estado, en el que se acredita haber exhibido la indemnización.
*Ficha de depósito para pago de indemnizaciones.
*Instructivo para realizar trabajos técnicos informativos de expropiación y la ejecución de decretos presidenciales de expropiación en terrenos comunales y ejidales.

En lo personal dijo que respalda autorizar al gobernador Rubén Rocha Moya la donación de los terrenos de las citadas presas porque implica la incorporación al riego de casi 50 mil hectáreas.

La diputada Alba Virgen Montes Álvarez, coordinadora del grupo parlamentario del PAS, se pronunció a favor de las autorizaciones ya que son el andamiaje legal para que esas obras hidráulicas tengan la debida atención a través de organismos federales, como es la Comisión Nacional del Agua, para su buen funcionamiento, y que benefician a campesinos con la incorporación al cierre de sus tierras de cultivo.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla reconoció la voluntad política del gobernador Rubén Rocha Moya por enviar de manera inmediata las iniciativas que se aprobaron y que darán certidumbre jurídica a lo que será un detonante de desarrollo para el sur del estado, ya que se generará empleo, se garantiza el abasto de agua a la región y se incrementa la superficie agrícola de riego.

Hoy se concluye, afirmó, una etapa interesante para el desarrollo de los municipios del sur de Sinaloa, y se da certeza jurídica, que era un reclamo de muchos años de los comuneros cuyas tierras fueron expropiadas para la construcción de las dos presas.

La diputada María Victoria Sánchez, de Morena, recordó que el pago de las indemnizaciones no había avanzado por intereses políticos, pero se resolvió con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del resto de las presas de Sinaloa, aseguró que en su mayoría no tienen la certeza jurídica que hoy sí tienen la Santa María y la Picachos.

Precisó que los campesinos afectados por la construcción de la presa Aurelio Benassini tienen 37 años sin certeza jurídica y ello les impide acceder a diversos beneficios y esto está llevando a la desaparición de los ejidos.

El diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, del PRI, dijo estar totalmente de acuerdo en proteger a los comuneros de las presas Santa María y Picachos.

La diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez también se pronunció a favor de otorgar las correspondientes autorizaciones señaladas y dijo que está a favor de que se beneficie a todo Sinaloa.