Culiacán, Sin.- La agenda de la revisión de las cuentas públicas no debe denostarse, como representantes populares debemos responder a la exigencia social de mayor transparencia y mejor rendición de cuentas, aseguró el diputado Sergio Mario Arrendo Salas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa puntualizó que él sí le abona al acuerdo, al diálogo, pero sobre todo al compromiso de que diputadas y diputados son representantes de la población, que no se deben a ningún organismo ni a ningún otro partido.

Queremos, dijo, saber cómo se manejan los recursos públicos, acabar con la corrupción y que no haya impunidad.

En la sesión ordinaria de este martes, en la que se aprobaron y desaprobaron cuentas públicas de distintos municipios, también hizo uso de la voz el secretario de la misma Comisión de Fiscalización, el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

En su posicionamiento, resaltó que en las cuentas públicas revisadas, correspondientes al año fiscal 2022, en general se redujeron los montos por recuperar en los pliegos de observación, en comparación con otros años.

Resaltó que en las solventaciones por primera vez hubo resultados notables, como el hecho de que en algunos casos la solventación fue de hasta un 98 por ciento, otros el 80 y otros hasta el 40, lo que no sucedía en otros años a pesar de que había más tiempo para solventar.

Además, señaló que hay observaciones que son cuestión de tiempo para que sean solventadas, como la reintegración de recursos a fondos federales.

Sin embargo, aclaró que no todas las cuentas públicas son aprobadas, pues hay entes públicos estatales y municipales, así como municipios, a las que no se les han aprobado.

La diputada Alba Virgen Montes, vocal de esta misma comisión, también subió a tribuna para señalar que su grupo parlamentario, el PAS, no aprobaría la mayoría de los dictámenes a discusión porque se observa que en promedio más del 90 por ciento de la obra pública se adjudica de manera directa, sin licitar; hay problemas de pasivos sin fuentes de pago; observaciones con posible daño patrimonial y, obra pública mal hecha y que no cumple con los requisitos mínimos de calidad.