Con esta sentencia, el Congreso está obligado a modificar dicho presupuesto e incluir una partida que atienda los derechos de la comunidad
Integrantes de la comunidad LGBT+ ganaron un amparo interpuesto contra el Congreso del Estado de Guanajuato por su omisión, al no incluir una partida presupuestal en favor de las personas de la comunidad de la diversidad sexual en el presupuesto de egresos para el ejercicio Fiscal 2022, esto dentro de las dependencias centralizadas y descentralizadas del poder ejecutivo.
Con la sentencia dictada por el juez cuarto de distrito, teniendo sede en León el pasado 31 de marzo, el Congreso está obligado a modificar dicho presupuesto e incluir una partida que atienda los derechos de la comunidad.
Fue la asociación civil AMICUS, acompañada de activistas por los derechos humanos, quienes promovieron este juicio de amparo para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBT+ de la entidad, pidiendo a su vez que se tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad.
Dicha sentencia afirma que es un hecho notorio la existencia de discriminaciones legislativas hacia dicha comunidad, pues incluso ante este órgano jurisdiccional y ante otros que pertenecen a este circuito décimo sexto, existen diversos juicios de amparo promovidos por miembros de dicho conglomerado, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre y género en sede administrativa, entre otros asuntos.
En tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano, Desiré Ángel, manifestó su inconformidad, dado que esta resolución no fue dada a conocer ante ella como diputada ni ante los miembros de la junta de coordinación política y de gobierno, los cuales representan a las distintas fuerzas políticas que conforman el Congreso.
”No me enteré por notificación de este congreso (ni siquiera porque soy parte de la junta de coordinación política), lo que había ocurrido el pasado 9 de diciembre, donde AMICUS dio a conocer que se presentó un amparo en contra de este congreso y que, concluido el plazo para rendir el informe correspondiente, se entregó en la instancia correspondiente sin que en la junta de gobierno y coordinación política hubiéramos tenido conocimiento de ello”, afirmó.
La diputada aprovechó la ocasión para presentar una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso, a fin de que se transparente la toma de decisiones por parte de la Secretaría General del Congreso, la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, y que informen con ello a la junta de coordinación política y de gobierno.
