En la Ciudad de México, existen 153 mil personas cuidadoras remuneradas, de las cuales el 82% se desempeña en la informalidad y percibe, en promedio, 7 mil 339 pesos mensuales

El pasado 26 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó de manera unánime la Ley del Sistema de Cuidados, marcando un momento clave al convertirse en la segunda entidad del país en contar con una legislación específica en este ámbito, después de Jalisco.

Representa un paso relevante en el reconocimiento institucional de las tareas de cuidado y la necesidad de políticas públicas que atiendan a quienes las realizan.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) examinó el contenido de la nueva norma, así como sus posibles efectos y los retos que implica ponerla en marcha. Entre los puntos destacados se encuentra el impacto que podría tener la consolidación de un sistema nacional en la redistribución de las labores domésticas, tradicionalmente asumidas por las mujeres.

En la Ciudad de México, el trabajo de cuidados recae de forma desigual: las mujeres dedican en promedio 34 horas a la semana a estas actividades, mientras que los hombres solo destinan 16.

Si la implementación de esta ley logra ampliar la cobertura de servicios, más de tres millones de personas que hoy realizan tareas no remuneradas podrían disponer de mayor tiempo para acceder a oportunidades educativas o integrarse al mercado laboral.

Reconocimiento de derechos y protección en materia de cuidados

Esta norma introduce transformaciones sustantivas al establecer nuevos derechos. Cerca de tres millones 18 mil habitantes de la capital requieren algún tipo de cuidado, mientras que tres millones 80 mil lo otorgan, en su mayoría sin recibir pago.

Estas son las disposiciones principales:

• El derecho al cuidado en tres ámbitos: cuidar, ser cuidado y el autocuidado.
• A quienes reciben apoyos: infancias, adultos mayores, personas con discapacidad y población en situación de calle.
• A las personas cuidadoras, principalmente mujeres que realizan esta labor sin remuneración.
• Principios de gratuidad y universalidad en la provisión de servicios de cuidado.

Rediseño institucional

La nueva ley implica también una transformación en la estructura institucional de la administración pública local, al crear instrumentos y mecanismos para una gestión más eficaz de los cuidados.

Estas son las disposiciones principales:

• Sistema de Cuidados de la CDMX, encargado de la coordinación y el desarrollo de infraestructura para la atención.
• Junta del Sistema de Cuidados, presidida por la Jefatura de Gobierno o la Secretaría de Bienestar, e integrada por más de 20 dependencias, alcaldías y un Consejo Consultivo.
• Secretaría Ejecutiva, responsable de operar y dar seguimiento a los acuerdos.
• Consejo Consultivo de Cuidados, conformado por representantes de la sociedad civil para acompañar la implementación.

Reconocimientos y retos en materia laboral

Consolidar un padrón de cuidadoras exigirá un censo detallado, lo que supone costos adicionales de tiempo y recursos. Además, lograr acuerdos entre gobierno y sector privado en materia de jornadas, licencias y permisos es complejo si se basa solo en la buena voluntad, por lo que se requerirán incentivos o mecanismos obligatorios.

Estas son las disposiciones principales:

• Creación de un padrón de personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas.
• Implementación de un mecanismo de certificación gratuito para la profesionalización del sector.
• Impulso para que el sector privado adopte condiciones laborales compatibles con las responsabilidades de cuidado, como trabajo remoto o permisos específicos.

Asignación de presupuesto y mecanismos de control

En la capital, existen 153 mil personas cuidadoras remuneradas, de las cuales el 82% se desempeña en la informalidad y percibe, en promedio, 7 mil 339 pesos mensuales.

Estas son las disposiciones principales:

• El presupuesto destinado a cuidados debe ser progresivo y contar con un anexo específico.
• Se prevé un Programa Especial de Cuidados con metas y estrategias claras.
• Creación de un sistema de información pública y un padrón único de servicios.