Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Samuel García, su esposa y otros familiares por una presunta triangulación de recursos públicos que supera los mil 400 millones de pesos.
Morena abrió este lunes un nuevo frente contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por una presunta triangulación de recursos públicos que, según el partido, supera los mil 400 millones de pesos.
La denuncia también alcanza a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal; el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y Éric Peñalver Serna, primo del funcionario estatal.
El documento fue presentado por el senador Alejandro Murat Hinojosa, delegado de Morena en Nuevo León, y René González Hernández, secretario general del partido en el estado. Los denunciantes pidieron investigar posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La investigación debe permitir conocer toda la cadena de los recursos, por lo tanto, solicitamos que se dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera para que en el ámbito de sus atribuciones, analicen el origen, movimientos destinos y trazabilidad de los asimismo, solicitamos la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se obtenga instituciones del sistema financiero, la información correspondiente a las cuentas y movimientos en las personas y empresas involucradas”, informó René González, Secretario General de Morena en Nuevo León.
De acuerdo con Morena, el presunto esquema habría consistido en que recursos pagados por el Gobierno de Nuevo León a proveedores terminarían, mediante transferencias posteriores, en un despacho jurídico y fiscal relacionado con la familia del gobernador. El partido sostiene que la trazabilidad de esas operaciones debe ser revisada por las autoridades financieras.
“La respuesta, ésta es la parte más relevante, esa que se ha dado en el Juicio Político donde se reconoce el pago del Gobierno a proveedores y proveedores al despacho, propiedad del gobernador y de sus familiares”, señaló Alejandro Murat.
