San José Iturbide. En el municipio de San José Iturbide, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Paz aseguraron en un solo operativo 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito. Se trata del mayor aseguramiento de huachicol en lo que va del sexenio.

“Durante el cateo, autorizado por un juez federal, también fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados”, informó el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez.

Las instalaciones, ubicadas en la comunidad de La Fragua, son de una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de diésel y gasolina.   La comunidad está a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal y cerca de la carretera federal 57.

La orden de cateo fue solicitada “como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos”, señaló la Secretaría de Seguridad.

El titular de la dependencia explicó que, por la “magnitud del hallazgo”, los trabajos de medición, identificación y manejo se realizan con una supervisión especializada.

“No se trata únicamente del volumen localizado; investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames; proteger a las comunidades y al medioambiente, además de afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas”, difundió en sus redes.

Los 59 millones de litros del presunto combustible ilegal y los objetos asegurados están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto, señaló.

“El cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan responsabilidades por sí mismos”, aclaró.

El secretario de Seguridad difundió que corresponde a la FGR y a las autoridades judiciales resolver el caso conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.